Francia ordena evacuar parte del campamento de migrantes de Calais
Por orden de las autoridades francesas, los migrantes del campamento de Calais (norte) empiezan este jueves a evacuar parte de este lugar conocido como la ‘Jungla’, donde viven unos 4.000 clandestinos.
Paralelamente, tuvo lugar el mismo día en la región el proceso de un británico que trató de hacer pasar clandestinamente a Inglaterra a una niña afgana, sacándola de esta ‘Jungla’ para entregársela a parientes de ella ya instalados en ese país y el acusado fue condenado solamente a una multa condicional.
Las construcciones precarias de los refugiados instaladas a menos de 100 metros de una autopista que lleva al puerto de Calais deben ser desplazadas, por razones de seguridad, antes del próximo fin de semana, exigieron las autoridades francesas.
Los inmigrantes concernidos, entre 500 y 700, serán “prioritarios para obtener un lugar” en un nuevo centro de albergue, compuesto de contenedores, que fue inaugurado el lunes en la zona y que tiene capacidad para 1.500 personas.
“Nos dicen que los nuevos contenedores son una vivienda mejor, pero no hay en ellos ni ducha ni cocina, y la gente tiene miedo”, sobre todo del registro de huellas de la mano, que podrían hacerlos devolver a Francia si llegasen a entrar en Inglaterra, como desean prácticamente todos los inmigrantes que se encuentran en la ‘Jungla’, declara a la AFP Sikander Nouristani, de 42 años de edad, representante de la comunidad afgana.
Denominado Centro de Albergue Provisional (CAP), este nuevo albergue es cerrado y, para entrar en él, los migrantes deben pasar la palma de la mano por un dispositivo de reconocimiento. Las autoridades prometieron que no registrarán las huellas, una exigencia recurrente de los inmigrantes. Para las autoridades, el centro garantiza al mismo tiempo “la seguridad de los migrantes, de habitantes de la zona próxima al campamento y de los usuarios de la autopista”, dado que los inmigrantes entran regularmente en ésta para tratar de subir a los camiones que se dirigen al puerto para embarcar hacia Inglaterra.
Stéphane Duval, director de La Vida Activa, la ONG que administra el CAP, se declaró este jueves “satisfecho” y señaló un aumento progresivo del número de albergados.
Sikander Noristany recalca que “la gente no viene a la Jungla para dormir y comer, sino para tratar de pasar a Inglaterra. Y tiene miedo de los contenedores, porque el centro parece una prisión”.
Por su lado, parte de la población local teme que esa desconfianza con el CAP genere la creación de otros campamentos improvisados en la región, donde las tensiones a raíz de la presencia de migrantes han aumentado con el correr de los años, así como las barreras y medidas de seguridad para impedirles llegar al puerto y al túnel que une Francia a Inglaterra bajo el canal de la Mancha.
– Salvar a una niña de la ‘Jungla’ –
En ese marco, tuvo lugar este jueves en la región el proceso de un exsoldado británico acusado de haber tratado de llevar clandestinamente a Inglaterra una niña afgana, que fue condenado solamente a una multa condicional de mil euros, a raíz de “las condiciones de transporte” de la pequeña. Robert Lawrie, de 49 años, pidió disculpas al tribunal de Boulogne-sur-Mer. “No reflexioné. Traté de que pueda reunirse con su familia, que vive a sólo ocho millas de Leeds, donde yo resido”, dijo.
Director de una empresa de limpieza y padre de cuatro hijos, Lawrie que ayuda benévolamente a inmigrantes de Calais, fue detenido por la policía francesa el 24 de octubre. Además de la niña de cuatro años, la policía encontró escondidos en su camioneta a dos eritreos. Pero éstos subieron al vehículo sin que él se diera cuenta.
Según sus declaraciones, encontró al padre de la niña cuando llevaba alimentos y ropa a los inmigrantes y él le pidió que la llevara a Inglaterra.
Una petición en su favor, que exhortaba a que no haya prisión para quien “trató de salvar a una niña de la Jungla”, reunió unas 170.000 firmas en Francia e Inglaterra.
El tribunal lo absolvió del cargo de ayuda a estadía irregular, cargo pasible de cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros, pero le impuso esa leve condena, como había pedido la fiscalía. Esta pidió que fuera condenado por “puesta en peligro de la vida de otro”, cargo pasible de mil euros de multa, porque, dijo, “el fin no justifica los medios” y “para ayudar a un niño no se puede poner su vida en peligro”.
