AFP internacional

Captura de video con la vista de la planta del fabricante de automóviles General Motors en Valencia, Venezuela, el 20 de abril de 2017

(afp_tickers)

General Motors (GM) cesó sus operaciones en Venezuela y despidió a 2.678 empleados luego de que el gobierno le confiscara una planta en ese país jaqueado por una explosiva crisis política y económica.

El miércoles, la fábrica fue "inesperadamente tomada por las autoridades venezolanas, que impidieron que siga operando con normalidad", dijo Julia Bastos, portavoz de GM en Brasil, en un correo electrónico este jueves.

"Otros activos de la compañía, como vehículos, fueron ilegalmente retirados de las instalaciones", agregó.

La unidad de la automotriz estadounidense tiene capacidad para fabricar 100.000 vehículos por año, pero estaba prácticamente paralizada por el colapso económico de la potencia petrolera caribeña y las restricciones para conseguir dólares para importaciones en medio de un férreo control de cambio.

GM está en Venezuela desde 1948, donde tiene asociada una red de 79 concesionarios, que emplean a 3.900 personas, según datos de la automotriz.

Todos los despedidos serán compensados "pronto", explicó Bastos.

La firma dijo que la confiscación fue realizada mediante una orden judicial y que, hasta el momento, el gobierno no se había manifestado sobre su decisión de detener sus operaciones en el país.

GM "rechaza enfáticamente las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades e iniciará acciones legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos", dijo la compañía en un comunicado divulgado el miércoles.

La empresa dijo confiar en que la Justicia zanjará el conflicto y espera poder "continuar liderando el mercado venezolano".

Opositores al gobierno volvieron a salir este jueves a las calles para pedir la renuncia del presidente izquierdista Nicolás Maduro, a quien culpan de la crisis económica y política del país.

Ocho personas perdieron la vida durante las violentas y multitudinarias manifestaciones a lo largo de las últimas tres semanas.

Los opositores volvieron a la calle el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento -único poder público controlado por la oposición- desatando una protesta diplomática internacional que dos días después lo hizo dar marcha atrás.

AFP

 AFP internacional