Gobierno panameño acuerda con indígenas por polémica hidroeléctrica
El gobierno de Panamá llegó a un acuerdo con los indígenas que se oponían a una polémica hidroeléctrica financiada por bancos europeos, después de que las autoridades locales pidieran la salida de la empresa encargada del proyecto, anunció este sábado una fuente oficial.
“Perduró siempre un genuino interés por llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, con el principal norte de alcanzar la paz social y garantizar los derechos de los involucrados”, dijo la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo.
Según un comunicado de la cancillería panameña, el acuerdo, del que no da detalles, será firmado el lunes en Llano Tugrí, capital de la comarca indígena Ngäbe Buglé, limítrofe con la hidroeléctrica, después de las últimas negociaciones realizadas en la Presidencia de Panamá.
“Se trata de un acuerdo sin precedentes, resultado de un proceso de diálogo consensuado y transparente” que subsana “las incompatibilidades que generó el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco”, dice la nota.
Desde hace más de un año el gobierno panameño ha mantenido un diálogo mediado por la ONU con los opositores a la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en las cercanías de la comarca indígena, en el suroeste del país.
Esta hidroeléctrica pertenece a la empresa panameña Genisa y está financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con capacidad para producir 28 megavatios, la hidroeléctrica es rechazada por grupos de indígenas Ngäbe Buglé y campesinos porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.
El proyecto fue suspendido por el gobierno panameño en febrero de 2015 por incumplimientos ambientales y cuando llevaba un 95% de avance, aunque posteriormente permitió a la compañía realizar labores de mantenimiento.
En junio, De Saint Malo reconoció que el gobierno panameño buscaba la salida de la empresa Genisa del proyecto.
“Le hemos dicho claramente a Genisa que la posición de las autoridades tradicionales es que ellos deben salir del proyecto”, dijo De Saint Malo el pasado 8 de junio.
El gobierno panameño “se compromete a realizar los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sea administrado y operado por un nuevo grupo de profesionales especializados en operación y mantenimiento de centrales de este tipo”, decía una propuesta a la que tuvo acceso la AFP en junio.
Según Genisa, las pérdidas por el retraso en la entrada en funcionamiento de la central superarían los 130 millones de dólares.
