Guatemala podría anular un contrato con una firma española por corrupción
El gobierno de Guatemala podría anular por fraudulento un millonario contrato para operaciones portuarias con una empresa española, un caso en que se vincula al encarcelado expresidente Otto Pérez, informó este martes una fuente oficial.
La procuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, dijo a periodistas locales que la nulidad es viable debido a que existen vicios de consentimiento e irregularidades en el otorgamiento del usufructo a la firma Terminal de Contenedores Barcelona (TCB).
El viernes de la semana pasada, la Fiscalía y una comisión de la ONU que colabora en el fortalecimiento de la justicia guatemalteca revelaron que el exgobernante guatemalteco y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, facilitaron la firma del usufructo de forma irregular.
El contrato, que se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades, incluía una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, según la investigación.
Villagrán comentó que ya solicitó audiencia al presidente del país, Jimmy Morales, para que le dé instrucciones sobre si presenta las acciones que en derecho correspondan con el fin de dejar sin vigencia el contrato.
No obstante, la procuradora estima que si el Estado gana la demanda y la terminal pasa a poder del Estado, habría que pagar unos 200 millones de dólares a la firma por la inversión en que incurrió.
La firma española opera en Guatemala con el nombre Terminal de Contenedores Quetzal, la cual funciona en el interior del Puerto Quetzal, unos 100 km al sur de la capital, sobre el Pacífico.
En este nuevo caso, Pérez y Baldetti son acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
Los dos exaltos funcionarios serán trasladados a un juzgado el miércoles para que un juez les notifique la nueva acusación por corrupción en su contra.
Tanto Pérez como Baldetti renunciaron a sus cargos en medio de protestas callejeras y ahora se encuentran en prisión preventiva a la espera de que un juez decida si deben enfrentar un juicio.
Baldetti dejó el cargo en mayo y Pérez renunció en septiembre tras asumir el mando el 14 de enero de 2012 para un período de cuatro años que no pudieron concluir.
