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Soldados mexicanos bloquean una calle durante una protesta en Ayutla, Guerrero, México, el 17 de diciembre de 2014

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La absolución de los últimos tres militares mexicanos enjuiciados por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron en un enfrentamiento con soldados en 2014, fue criticada por ONG como Human Rights Watch que ve incluso "encubrimiento" en la libertad de los siete acusados.

Un juez federal "desestimó los elementos de prueba" presentados por la fiscalía general y absolvió a los tres soldados de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, informó la fiscalía general en un comunicado la noche del viernes.

Aunque la dependencia aseguró que había aportado "los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares" por ocho ejecuciones extrajudiciales, acató la decisión del juez. Los otros cuatro soldados acusados por el caso, entre ellos un teniente, fueron absueltos en octubre por un tribunal militar de haber infligido deberes militares.

"Ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales", dijo a la AFP José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un breve correo electrónico.

Los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides eran los únicos que enfrentaban cargos por homicidio ante un tribunal civil, estando presos en una cárcel militar de la Ciudad de México por el caso.

Su sentencia absolutoria "es sumamente grave porque consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México", dijo, de su lado, a la AFP el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre.

- Al menos ocho ejecuciones extrajudiciales -

Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una comunidad rural del Estado de México (centro), limítrofe con los convulsos estados de Guerrero y Michoacán, donde supuestamente los delincuentes tenían secuestradas a tres mujeres.

El Ejército informó entonces que, en el fuego cruzado, murieron 22 presuntos delincuentes y que un uniformado -de los ocho que participaron en el operativo- quedó herido.

Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una superviviente y testigo clave -Clara Gómez- aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México.

En 2014, la fiscalía general acusó a los militares de haber matado extrajudicialmente a ocho de los civiles, usando incluso las armas de los delincuentes muertos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fueron entre 12 y 15 ejecuciones extrajudiciales y que hubo una alteración del lugar de los hechos para simular que todas las personas habían muerto en el enfrentamiento.

- "Los militares son intocables" -

Sin embargo, en octubre, el tribunal militar consideró que los siete militares, entre los cuales el comandante del grupo, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cumplieron con el manual de uso de fuerza del Ejército.

Y el tribunal castrense sólo impuso un año de prisión -que ya cumplió- a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores que exigían que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres a su cargo.

El subdirector del Centro Prodh, que defiende a la superviviente Clara Gómez, recordó que en ese momento ya habían advertido del riesgo de que el caso quedara impune y dijo que la sentencia del tribunal civil confirma que "los militares son intocables y no rinden cuentas en México".

Al recordar que no es una sentencia definitiva ya que aún admite amparos de los familiares de los ocho presuntos ejecutados, Santiago Aguirre dijo que le preocupa que en ella no se reconozca a Clara Gómez como víctima, asegurando que teme por su seguridad.

Además, lamentó que esta sentencia también exhiba las "deficiencias" de instituciones mexicanas como la fiscalía general, que es cuestionada por sus investigaciones del caso Ayotzinapa y podría haber "hecho más contundente su acusación" contra los militares, o la CNDH, que "emite recomendaciones pero no se asegura de ser proactiva en los juicios penales".

Varias organizaciones internacionales consideran el caso de Tlatlaya como uno de los más graves de abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón involucrara a los uniformados en la lucha contra el narcotráfico.

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AFP