España en expectación. El Tribunal Supremo debería emitir este lunes su decisión sobre la suerte que correrán los doce dirigentes independentistas juzgados por el fracasado intento de secesión de Cataluña en 2017, que sumió al país en su peor crisis en décadas.

La tensión ha ido en aumento en esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes a donde han sido enviados refuerzos policiales ante la desobediencia civil y las manifestaciones anunciadas por los separatistas, que el domingo ya cortaron vías en Barcelona.

Todo indica que los siete jueces del Supremo condenarán a nueve de los doce acusados por sedición y no por rebelión, un delito contra la Constitución pasible de penas mas graves, en una decisión que se divulgará, según fuentes coincidentes, este mismo lunes o a más tardar el martes.

El presidente de la sala donde se desarrollaron las audiencias del histórico juicio entre febrero y junio, Manuel Marchena, advirtió sin embargo el sábado que una sentencia "no está terminada hasta que la firma el último magistrado".

Si se confirman las condenas por sedición y no por rebelión, los independentistas, nueve de ellos en prisión provisional en algunos casos desde hace casi dos años, se arriesgan de todas maneras a duras penas de cárcel por su implicación en una de las peores crisis del país desde el fin de la dictadura franquista, en 1975.

En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el principal acusado es su antiguo número dos, Oriol Junqueras, para quien la fiscalía pidió 25 años de cárcel por rebelión y los abogados del Estado, 12 años por sedición y malversación de fondos.

Junto a él, los enjuiciados por los hechos que incluyeron un referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017 y la declaración de una república catalana que nunca de materializó el 27 de ese mes, son una ex presidenta del Parlamento catalán, antiguos ministros regionales y los líderes de dos influyentes asociaciones independentistas.

En un artículo publicado la noche del domingo en el diario catalán El Nacional y escrito "desde la celda de (la cárcel de) Lledoners, con el alma llena de orgullo por el camino recorrido y de esperanza por lo que caminaremos", Oriol Junqueras pidió a los independentistas "coraje, perseverancia y dignidad" ante la sentencia.

"España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros", escribió este lunes en Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a un video pensado para un público internacional, en el que varios de sus ministros defienden, en varios idiomas, la democracia española.

- Acciones sorpresa -

Los separatistas catalanes, que han llamado a la "desobediencia civil pacífica", están preparados para responder a la sentencia en las calles.

Para la misma noche del fallo, convocaron protestas las dos asociaciones detrás de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.

Después, varias marchas saldrán de cinco ciudades de la región para unirse a Barcelona el viernes, en una jornada de huelga general.

Más incertidumbre generan las anunciadas "acciones sorpresa" de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de ciudadanos autoorganizados surgidos en decenas de municipios durante octubre de 2017.

El gobierno central ha reforzado discretamente las unidades antidisturbios de la policía en la región.

- Sentencia en campaña -

La sentencia volverá a colocar a Cataluña en el centro del debate político, a menos de un mes de las legislativas del 10 de noviembre, convocadas luego de que Pedro Sánchez no lograra ser reconducido al poder pese a que su Partido Socialista fuera el más votado en abril pasado.

El gobierno de Sánchez ha abogado por "empezar a solucionar el conflicto políticamente" tras el fallo, pero el partido de Oriol Junqueras, ERC, pone en duda que eso sea posible sin una "amnistía" para los presos.

Llegado al poder en junio de 2018 con apoyo de los separatistas catalanes, con quienes intentó un diálogo que se rompió al iniciar el juicio, Sánchez no ha descartado medidas extraordinarias para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña.

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