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Entrada de una planta frigorífica de JBS en Samambaia, Brasil, el 17 de marzo de 2017

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Un juez brasileño bloqueó el miércoles la venta de activos del gigante cárnico JBS en Argentina, Paraguay y Uruguay, en espera de que la corte suprema ratifique la validez de las confesiones de sus dueños, que amenazan al presidente Michel Temer.

El juez de Brasilia Ricardo Augusto Soares consideró "prematura cualquier decisión judicial de liberar la venta de acciones requerida" por los dueños de ese imperio, los hermanos Joesley y Wesley Batista, por la "fragilidad" de las pruebas presentadas en su declaración premiada.

La empresa, que dijo que recurrirá la sentencia, anunció este mes la venta de sus negocios de carne bovina en Argentina, Paraguay y Uruguay a la firma brasileña Minerva por 300 millones de dólares.

Posteriormente anunció un plan para deshacerse de varias de sus operaciones en Brasil y en el extranjero con el objetivo de obtener 6.000 millones de reales (1.800 millones de dólares), para enfrentar los costes de las explosivas declaraciones premiadas de sus ejecutivos.

Según estimaciones de la prensa, la firma perdió más de 2.500 millones de dólares de su valor de mercado desde que el pasado 17 de mayo salió a la luz la grabación hecha secretamente por Joesley Batista en la que el presidente Michel Temer parece dar aval al pago de un soborno.

El juez Soares también justificó el bloqueo en el hecho de que las declaraciones premiadas de los Batista, que aluden al pago de sobornos a más de un millar de políticos, aún no están validadas por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El plenario del alto tribunal empezó a debatir el tema este miércoles y seguirá con sus deliberaciones el jueves.

"La probabilidad de que sea [las delaciones] sean confirmadas es alto, pero, aún así, entiendo que se debe esperar al resultado de la apreciación del colegiado", dijo el magistrado.

JBS necesita también efectivo para abonar la multa récord de más de 3.000 millones de dólares escalonados en 25 años que J&F -su holding propietario- aceptó pagar como parte de su acuerdo con la Justicia para evitar procesos legales.

AFP