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Una protesta en el aeropuerto internacional de San Francisco contra el decreto del presidente de EEUU, Donald Trump, para impedir la entrada al país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, el 29 de enero de 2017

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Alentado por la pronunciada caída de los cruces ilegales de frontera, el Gobierno estadounidense aumenta las medidas contra los inmigrantes indocumentados, poniendo en la mira tanto a los trabajadores latinoamericanos como a los del sector tecnológico de Silicon Valley.

Policía, fiscales y jueces han recibido la orden de tener una postura más dura con los migrantes irregulares, detener a quienes no tengan papeles y procesar a una mayor cantidad.

Los requerimientos para contratar a agentes de migración se están suavizando para poder aumentar rápidamente sus filas, se están construyendo más instalaciones para los inmigrantes detenidos y sumando jueces para gestionar los casos.

A los agentes se les ha ordenado detener incluso a los inmigrantes irregulares que llevan décadas en el país y en lugares que solían ser seguros, como juzgados, alcaldías y ciudades santuarios.

Al mismo tiempo, se diseña el muro que el presidente Donald Trump prometió construir en los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.

No se tratará de una barrera física a lo largo de todo el recorrido, sino que se erigirá en zonas estratégicas, mientras que otras serán vigiladas recurriendo a la tecnología.

"A quienes sigan buscando una entrada inadecuada e ilegal a este país, les advertimos: esta es una nueva era. Es la era Trump", dijo el martes el fiscal general, Jeff Sessions, a las patrullas fronterizas.

- Menos entradas -

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a los alrededor de 11 millones de personas que viven irregularmente en Estados Unidos, a quienes acusa de robar empleos a los nacionales y aumentar el crimen.

La mayoría son mexicanos y llevan décadas en Estados Unidos.

En los tres meses de la presidencia Trump, el número de entradas ilegales bajó a un mínimo en cuatro décadas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En marzo, se detuvo a 16.600 personas cuando intentaban cruzar la frontera ilegalmente, lo que supone una caída del 30% respecto a febrero y del 64% en relación a un año antes.

Aún es pronto para ver un repunte en las deportaciones, que requieren más tiempo.

Pero Tom Jawetz, vicepresidente a cargo de política inmigratoria en el grupo de reflexión Center for American Progress, dice que hay un cambio claro en la aplicación de las leyes migratorias.

Sessions ordenó esta semana al CBP y a la agencia migratoria ICE que detengan a cualquier persona que cruce la frontera sin documentos legales y lo lleve ante un juez. Antes, simplemente se los devolvía a la frontera.

También ordenó a los fiscales que soliciten cargos de delito grave para quien intente entrar por segunda vez. Quienes transporten inmigrantes a ilegales se enfrentan a una pena de prisión, al igual que quien use documentos falsos.

El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, autorizó al CBP y el ICE a perseguir a inmigrantes ilegales en lugares que antes eran seguros. Cada vez más son arrestados en lugares como oficinas públicas, incluso durante el proceso para legalizar su residencia.

El titular de Justicia de California, Tani Cantil-Sakauye, señaló en una carta dirigida a Sessions y Kelly que esos lugares deberían estar protegidos y acusó al ICE de "acechar" a gente que "no plantea ningún problema de seguridad pública".

- Presión sobre la migración legal -

Trump también instó a limitar la migración legal, con la suspensión temporal del programa de acogida de refugiados y su batalla jurídica para detener las llegadas de nacionales de seis países de mayoría musulmana.

Sessions y Kelly advirtieron además a las empresas tecnológicas de que el Gobierno será más duro con aquellas que abusen del programa de visados H-1B, los concedidos a los trabajadores cualificados.

A medida que la campaña avanza, economistas y expertos en migración advierten de sus posibles perjuicios.

"Los beneficios de la inmigración para la sociedad son superiores a sus costes", dijeron unos 1.500 economistas alineados tanto con el partido Demócrata como con el Republicano, incluyendo seis premios Nobel, en una carta a Trump.

Jawetz considera que las nuevas medidas no se justifican, teniendo en cuenta que en los últimos años hubo una "salida neta" de mexicanos.

"Gran parte de la gente que entra en la actualidad por nuestra frontera suroccidental son personas que buscan asilo, que no pueden y no deberían ser procesadas por entrada ilegal", añade.

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AFP