La carrera de obstáculos judicial de las víctimas de violación en Nigeria
Una decena de oficiales escuchan entre montañas de papeles a las víctimas que llegan para presentar una demanda. En Lagos, la unidad de policía especializada en agresiones sexuales está desbordada y carece de medios para trabajar.
Lagos es el único de los 36 estados de Nigeria –el país más poblado de África con 180 millones de habitantes– con una unidad dedicada específicamente a la lucha contra la violencia sexual. Trabaja sin sala de interrogatorio, vehículos ni ordenadores.
Sentado detrás de una pila de archivos, un agente señala una pequeña silla de plástico a una presunta víctima. Aquí, muchos casos investigados por la policía son sobre niños.
En Nigeria, cada vez más mujeres y niñas se atreven a denunciar la violencia a las que se les somete. Sigue siendo difícil para los hombres. El Parlamento debate esta semana una enmienda a la “ley de violación” para reconocer que los varones también pueden ser víctimas de agresiones sexuales.
Las víctimas deben lidiar con las debilidades de las instituciones, con pocos fondos e investigadores sin formación en este ámbito.
La reciente creación de un registro nacional de delincuentes sexuales se considera un paso importante para acabar con la impunidad. Para los activistas, es el comienzo de una lucha ardua para reformar la justicia penal.
“La forma en la que la policía registra los casos y en la que se difunde la información es absurda. Todo se escribe a mano”, explica la directora de la oenegé Stand to End Rape (De pie contra la violación), Ayodeji Osowobi.
– “Justicia comprada” –
Según la ONU, en Nigeria una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años.
Stand to End Rape, que ha tratado cientos de casos desde enero, brinda apoyo psicológico a las víctimas y les ayuda en los trámites.
“Para las víctimas, la confrontación con la policía es una experiencia espantosa”, dice Osowobi. “A las supervivientes no les hacen preguntas, sino que las someten a interrogatorios”.
Además las interrogan en espacios públicos, frente a testigos e incluso ante los sospechosos a los que denuncian, añade.
“En la mayoría de los casos, la policía pide “gastos de movilización “, dice Osowobi. “Dicen: necesitamos combustible, precisamos algo que nos estimule”.
El inspector Olakunle Orebe trabaja en la unidad especializada de Lagos desde su creación en 2015 y reconoce las deficiencias en el sistema policial y judicial.
“A menudo, no existe un presupuesto para necesidades básicas, como transporte, impresión de los dosieres, visitas al lugar para investigar”, justifica.
Según él, a veces los sospechosos y las víctimas van en los mismos vehículos o en transporte público, por falta de una alternativa. “No queremos una situación en la que las víctimas deban comprar justicia, por lo que estos costos corren de nuestra cuenta”, asegura el inspector.
En estas condiciones, la gran mayoría de los casos de violación nunca conducen a una condena. Algunas víctimas tiran la toalla, otros dosieres no prosperan porque se considera que los indicios son insuficientes, o los médicos carecen de formación para reunir pruebas. Además el plazo de prescripción es de solo seis años.
