Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron este jueves una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en Birmania contra la minoría musulmana de los rohinyás, incluyendo violencia y deportaciones forzadas.

El tribunal con sede en La Haya dijo en un comunicado que "autoriza al fiscal a llevar adelante una investigación por presuntos crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI".

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió en septiembre de 2018 una investigación preliminar sobre la presunta deportación forzada de esta minoría musulmana, que podría constituir un crimen contra la humanidad.

Bensouda pidió en junio de 2019 una investigación completa, que los jueces aprobaron este jueves.

En agosto de 2017 más de 740.000 musulmanes rohinyás de Birmania, un país mayoritariamente budista, huyeron tras una ofensiva del ejército en represalia por ataques rohinyás.

Perseguidos por el ejército y las milicias budistas, los rohinyás se refugiaron en grandes campos improvisados en Bangladés.

Aunque Birmania no forma parte del tratado que creó la CPI, el tribunal se declaró competente para investigar la presunta deportación forzada hacia Bangladés, que sí firmó el tratado.

Birmania rechazó entonces la decisión y denunció un "fundamento jurídico dudoso".

Por otra parte Gambia, representando a 57 países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, presentó el lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –el principal órgano judicial de la ONU– una denuncia por "actos de genocidio" contra los rohinyás.

Además la semana pasada el nombre de la líder birmana Aung San Suu Kyi, considerada durante años como ícono de la democracia, apareció citado en una denuncia en Argentina por crímenes contra la humanidad contra los rohinyás.

El nombre de Suu Kyi aparece junto al de otros altos responsables birmanos y es la primera vez que la ganadora del premio Nobel de la Paz fue denunciada por la crisis de los rohinyás.

Miembros de la minoría musulmana junto a grupos latinoamericanos de defensa de los derechos humanos llevaron el caso ante la justicia argentina, siguiendo el principio de justicia universal inscrito en la legislación de varios países.

La denuncia acusa a los máximos responsables militares y políticos de Birmania, entre ellos el jefe del ejército Min Aung Hlaing y a Suu Kyi, de crear una "amenaza existencial" para los rohinyás con sus acciones.

Los tribunales argentinos ya asumieron otros casos en nombre de la justicia universal, relacionados con la dictadura de Francisco Franco en España o la secta Falun Gong en China.

El año pasado los investigadores calificaron la ofensiva de Birmania en 2017 contra los rohinyás de "genocidio" y pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que llevara el caso ante la CPI.

Sin embargo ahora no será necesario porque la CPI decidió abrir la investigación por iniciativa propia.

Por el momento Birmania no se pronunció sobre las denuncias en curso.

El gobierno asegura que su propio comité de investigación tiene capacidad para investigar los presuntos crímenes aunque según los opositores este comité es insuficiente y sesgado.

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