La fiscal que desafía a Maduro está al borde de su destitución
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima corte de justicia y estaba a las puertas de su destitución.
“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada”, anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.
En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- celebró una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de cinco días para determinar si cometió “faltas graves” para su remoción.
“No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo”, sentenció Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo “verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional”.
Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de “mentir” al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
“Ella le vendió el alma al diablo (…) tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata”, dijo Carreño, acuerpado en la sesión por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor Manuel Galindo, ambos chavistas.
Carreño pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega y la semana pasada logró que el máximo tribunal le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.
Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de romper el “orden constitucional” a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.
– Controvertida sustituta –
Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos que la acusa de violar los derechos humanos, y quien sustituiría a Ortega si es destituida.
“Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia”, aseguró Ortega.
La arremetida del gobierno en su contra caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas que deja 90 muertos.
“Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular”, aseguró la fiscal.
La oposición, que este martes realiza bloqueos en las calles que nuevamente derivaron en disturbios, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de “usurpadora” a la vicefiscal.
“En cualquier país donde existiese siquiera un atisbo de justicia, en vez de (ser) vicefiscal estaría presa por hampona”, aseguró el diputado opositor Henry Ramos Allup.
Una destitución de Ortega “radicalizará la crisis” y hará más evidente “el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder”, dijo a AFP el jurista José Ignacio Hernández.
Solo el Parlamento tiene facultad para removerla, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
– “Lo hice y lo seguiré haciendo” –
La fiscal fue acusada ante el TSJ tras expresar su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
“Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución”, retó Ortega.
Aludiendo a la fiscal, aunque sin nombrarla, Maduro advirtió este lunes que el domingo inicia la campaña por la Constituyente “así salgan mil traidores”. Y de su lado, la oposición llamó a un plebiscito simbólico para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.
Para Ortega, la Constituyente -que según los oficialistas será un “suprapoder” con facultad de anular el Parlamento y destituir a la fiscal- violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La fiscal consideró el antejuicio como un “golpe de Estado más grotesco” que el del empresario Pedro Carmona, quien anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Chávez en 2002.
Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle al gobierno “la legitimidad que da Chávez”. “Por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le ‘orteguice’ (fracture más) lo que le queda del régimen”, dijo Salamanca a la AFP.
