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La presidenta de Brasil Dilma Rousseff el 1 de abril de 2016 en el palacio del Planalto en Brasilia

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El informe que da pie al pedido de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se basa en denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso. A continuación el detalle:

- "Pedaladas" fiscales -

Los maquillajes se habrían efectuado a través de la "contratación ilegal de operaciones de crédito", o "pedaladas" fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.

De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un "empréstito" concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000.

El gobierno niega que se trate de operaciones encubiertas de crédito e indica que los casos abordados conciernen operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones.

El informe destaca en cambio que se trató de una práctica cuya "continuidad y magnitud" pueden "caracterizar (...) un crimen de responsabilidad, durante el actual mandato" de Rousseff.

Los retrasos "no eran meros atrasos o aceptables desajustes de flujos de caja, sino un engañoso mecanismo de ocultación del déficit fiscal, con valores muy significativos a partir de 2013", agrega el reporte, presentado por el diputado Jovair Arantes, aprobado el 11 de abril por una comisión parlamentaria.

En concreto, la presidenta, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), habría cargado a los bancos en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015, gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales (unos 17.400 millones de dólares al cambio medio de 2014).

- Créditos suplementarios -

Según el informe, Rousseff editó decretos y amplió gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso.

"Los hechos muestran serios indicios de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de irresponsabilidad fiscal (...), que atentan contra el Poder Legislativo"

"Al editar decretos de créditos suplementarios sin autorización del Congreso, por un total de 2.500 millones de reales en 2015, Dilma Rousseff usurpó la competencia del Legislativo sobre el control del presupuesto", indica.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.

El oficialismo replica que se trató de una práctica corriente de todos los gobiernos federales y de los estados y municipios de Brasil, pese a la aprobación en el año 2000 de la ley de Responsabilidad Fiscal, y que todos empezaron a ceñirse a esa norma apenas a partir del año pasado.

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AFP