La abrumadora derrota de los candidatos pro-Pekín en las elecciones locales en Hong Kong refleja el "descontento" de la población, reconoció la jefa del Ejecutivo Carrie Lam, aunque sin hacer concesiones para resolver la crisis política que atraviesa la antigua colonia británica desde hace más de cinco meses.

En Pekín, los medios de comunicación ignoraron la victoria de la oposición prodemocracia y prefirieron desacreditar las condiciones en las que se celebraron las elecciones.

La líder de Hong Kong, que cristaliza la ira de los manifestantes, se ha comprometido "mejorar la gobernanza" del Ejecutivo.

Reconoció que las elecciones mostraron la preocupación por "las deficiencias del gobierno, sobre todo el descontento con el tiempo necesario para lidiar con la inestabilidad actual y, por supuesto, para poner fin a la violencia".

Los candidatos prodemocracia ganaron el domingo 388 de los 452 escaños del consejo de distrito en las elecciones locales, un desaire para Lam y para las autoridades chinas.

Los manifestantes responsabilizan a Lam de la crisis política sin precedentes que atraviesa la excolonia británica desde su devolución a China en 1997.

La radicalización de los manifestantes y la creciente violencia de sus iniciativas no han impedido que los votantes castigaran a Lam, quien creía que una mayoría silenciosa aprobaba su gestión.

Tras conocerse los resultados electorales, los manifestantes instaron a Lam a satisfacer sus cinco demandas, incluida la instauración del sufragio universal y una investigación sobre presuntos actos violentos por parte de la policía.

- "Ni reflexión ni respuesta" -

Lam prefirió eludir las demandas, denunció la violencia de los manifestantes y reiteró su oferta de diálogo entre todas las partes. Una propuesta rechazada por los opositores, que consideran que llega demasiado tarde y es insuficiente.

"Lo que necesitamos ahora es un diálogo comunitario (...)" dijo Lam.

El apoyo de la población al movimiento a favor de la democracia apaciguó al parecer a Lam y al gobierno chino que insistían que sólo una franja violenta y radical de la población participaba en las manifestaciones.

Según Lam Cheuk-ting, diputado y dirigente del Partido Demócrata, el principal partido de oposición, las declaraciones de la jefa del ejecutivo reflejan que no hay "reflexión, ni respuesta ni resolución" sobre la crisis actual.

Los medios de prensa estatales chinos, que pusieron en duda la legitimidad del escrutinio, prefirieron destacar las violencias durante la campaña electoral.

Los disturbios "perturbaron gravemente el proceso electoral", afirmó el Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista en el poder, que no informó sobre el resultado de las elecciones.

La derrota reforzó las especulaciones sobre una eventual renuncia de Lam, pero el gobierno central aseguró el lunes que seguía apoyándola "resueltamente".

En respuesta a una pregunta, Lam dijo que no recibió ningún mensaje de Pekín pidiéndole que asumiera el fracaso electoral.

Por su parte, responsables de la Universidad politécnica de Hong Kong (PolyU) afirmaron el martes haber inspeccionado el conjunto del campus y encontrado solamente a una persona aún atrincherada --una joven de 18 años, que no es estudiante en PolyU--, lo que puede anunciar el fin de diez días de asedio policial a este lugar.

Las protestas comenzaron en junio contra un proyecto de ley que autorizaba la extradición a China continental de ciudadanos de Hong Kong. El texto fue abandonado en septiembre, pero aún así las reivindicaciones han aumentado.

La elección de 452 concejales de distrito, que se ocupan de temas como la basura o los itinerarios de los autobuses, suele generar poco interés. Pero el domingo estos comicios tomaron un significado diferente debido al movimiento de protesta. La participación superó el 71%, todo un récord.

Esta elección no solo es simbólica, ya que seis escaños del Consejo Legislativo (LegCo, el parlamento de Hong Kong), que se renovará el próximo año, se disputarán entre candidatos de los consejos de distrito.

Y estos consejos enviarán a 117 de sus miembros al colegio electoral de 1.200 personas, controlado por Pekín, encargado de designar al jefe del Ejecutivo.

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