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El edificio sede del Tribunal Supremo de Venezuela, en Caracas, el 23 de diciembre de 2015

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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano reconoció este miércoles la legalidad del decreto de emergencia económica promulgado por el presidente Nicolás Maduro, y que espera la aprobación del Parlamento, de mayoría opositora.

"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia afirmó la constitucionalidad del Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución (...) por un lapso de 60 días", refiere un comunicado de prensa divulgado por la corte máxima.

La sentencia de la Sala Constitucional constató la "necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas", y asegura que no restringe garantías que "no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional".

Maduro dijo el martes pasado que confiaba en que el Parlamento lo convalide "por unanimidad" para ayudarlo a "timonear" la crisis económica que asola al país.

El decreto está vigente desde el pasado viernes, pero la Asamblea Nacional debe ratificarlo o anularlo antes del próximo viernes.

La medida autoriza al Gobierno a disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos -en grave escasez- fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo y facilitar la entrega de divisas para agilizar las importaciones.

Pero la oposición anunció que solo considerará la ratificación del decreto una vez que conozca el panorama económico de boca de los ministros y demás altos funcionarios del área.

Por otra parte, varios gremios de industriales y trabajadores manifestaron este miércoles en la Asamblea Nacional su inconformidad con el decreto de emergencia económica, en una reunión con la comisión legislativa que estudia si el Parlamento aprueba la medida del Ejecutivo.

El presidente de Conindustria, el principal bloque de industriales del país, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que desde el sector productivo se recomienda "que este decreto no sea aprobado en los términos en los cuales ha sido presentado". El empresario subrayó que "los supuestos que establece este decreto son equivocados", puesto que no reconoce una crisis estructural del modelo promovido por el chavismo "desde hace mucho tiempo".

"Se viene sustituyendo producción nacional por importaciones", al amparo de la bonanza petrolera de la última década, subrayó Olalquiaga.

Por su parte, Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), cuestionó el decreto de Maduro por considerar que "el texto completo es legitimar" una política que no ha dado resultados. "Aquí no hay nada que no se haya venido haciendo", manifestó Máspero, al señalar que eso se ha traducido en una pérdida del poder adquisitivo y de puestos de trabajo.

El diputado José Guerra, presidente de la comisión especial legislativa, indicó que el Parlamento "adoptará la decisión que más le convenga al país". A su juicio, "la crisis en Venezuela se ha exacerbado" con el desplome del petróleo, y aseguró que el país no contaba con "las medidas protectivas" para superar la tormenta.

"Queremos ayudar al Gobierno y al país a que la crisis se solvente, pero también queremos que el Gobierno haga las cosas bien" dijo Guerra.

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AFP