Pionera en la lucha contra los asesinatos machistas, España ha visto cómo se pulverizaba su consenso en torno a las medidas para combatir la violencia contra las mujeres, con la irrupción de la extrema derecha de Vox.

La violencia doméstica se volvió un asunto de trascendencia nacional a partir de un asesinato que conmocionó a España en 1997.

"Mi marido me ha maltratado durante 40 años", confesó Ana Orantes en la televisión, afirmando haber interpuesto hasta 15 denuncias contra él sin recibir protección para ella o sus hijos.

Cuando obtuvo el divorcio, la justicia la obligó a compartir su casa en Granada (sur) con su ex marido. Trece días después de aparecer en cámara, su hija encontró su cuerpo quemado vivo por su ex pareja.

Este feminicidio hizo del combate contra la violencia de género una causa nacional, llevando a que en 2004, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobara una ley para responder a sus dimensiones sociales, judiciales y educativas.

Con la legislación, las "razones de género" se volvieron circunstancias agravantes en una agresión. Se crearon un centenar de tribunales y una fiscalía especializados. Un fiscal puede investigar a un agresor sin que medie denuncia de la víctima.

La asistencia jurídica es gratuita para las víctimas y los agresores son supervisados con brazaletes electrónicos. En octubre, el Tribunal Supremo retiró la patria potestad a un padre que intentó asesinar a su esposa delante de los hijos, una decisión que debería sentar jurisprudencia.

- Consenso -

Aprobada unánimemente en el Parlamento, la ley de 2004 era respaldada por "más del 80% de la población española", señala a la AFP Marisa Soleto, directora de la oenegé feminista Fundación Mujeres.

Los partidos alcanzaron en 2017 un "pacto de Estado" para respaldar esta lucha con mil millones de euros durante cinco años.

Desde 2001, el diario El País lleva un recuento de los asesinatos machistas, que reciben gran atención mediática.

El Estado contabiliza más exhaustivamente la violencia de género desde 2003. Cada muerte es denunciada en Twitter por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Pero el consenso voló en pedazos con el ascenso del partido de extrema derecha Vox, convertido en la tercera fuerza política del país en las legislativas del 10 de noviembre.

Vox reclama la "derogación" de la ley, juzgándola "ideológica" y "discriminadora" contra los hombres, mientras exige la "persecución efectiva de denuncias falsas" de violencia machista.

Asimismo, demanda la "supresión de organismos feministas radicales subvencionados" y la exclusión del aborto de la sanidad pública.

Posturas que no se encuentran "ni en la ultraderecha italiana, ni en Francia. Nos tenemos que ir incluso hasta Polonia para encontrar algo que se parezca un poco", dice Marisa Soleto.

En enero, Vox pidió renunciar a las medidas contra la violencia machista para permitir un gobierno liderado por el conservador Partido Popular en Andalucía. Una condición finalmente desechada tras suscitar una gran indignación.

- "Comprar" el discurso -

Si bien el PP defiende las medidas contra la violencia de género, su discurso se ha vuelto "más agresivo" ante la irrupción de Vox por su derecha, estima Ana Bernal, periodista especialista en feminismo.

"Que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo y la edad", dijo en enero el presidente del PP, Pablo Casado. En una entrevista a la revista femenina Telva en marzo, rechazó "caer en esto que dice la izquierda de proteger más a las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Las escoltamos por la calle?".

A juicio de la socióloga de género María Silvestre, "se produjo lo que una politóloga estadounidense, Pippa Norris, llama 'la aquiescencia': cuando un partido de extrema derecha empieza a alentar un discurso y la derecha democrática, por no perder votos o por no confrontarse, les compra el discurso".

"El mayor peligro de Vox es que la otra derecha les legitime el discurso", subraya esta investigadora de la Universidad Deusto en Bilbao.

"Todo este consenso político que hubo, no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos podido hacer la mitad de las cosas que hemos hecho, si la ultraderecha hubiera estado tan activa como lo está ahora en España", señala Marisa Soleto.

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