La Unión Europea (UE) adoptó este lunes un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición.

Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a responsables del país centroamericano, aunque advierte que lo hará en caso de "un ulterior deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho".

Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra manifestantes.

La violencia dejó más de 325 muertos, cerca de 70.000 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Y en un proceso lleno de vaivenes, Ortega suspendió de manera unilateral las negociaciones con la oposición el 30 de julio.

"La situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante", aseguran en una declaración los cancilleres de los 28 países del bloque, que señalan como "avance positivo" la puesta en libertad de un gran número de "presos políticos".

Sin embargo, los europeos denuncian que no se aplicaron completamente los acuerdos de marzo entre gobierno y oposición, en lo relativo a los "derechos civiles y políticos", y la "negativa continuada" de Managua a retomar el diálogo, una "señal negativa".

La UE urge así a la aplicación plena de ese pacto, el regreso al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un acuerdo sobre reformas electorales entre gobierno y oposición "con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes".

Venezuela, un aliado de Nicaragua, se convirtió en noviembre de 2017 en el primer país latinoamericano al que la UE impuso sanciones. En un primer momento, los europeos adoptaron el marco jurídico, además de un embargo de armas.

En enero de 2018, impuso una congelación de activos y una prohibición de visados para siete funcionarios venezolanos por el deterioro del estado de derecho, de los derechos humanos y de la democracia en el país, a los que sumó otros 18 posteriormente.

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