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"Tras dos años de negociaciones, celebro que los elementos clave de nuestra propuesta se hayan mantenido, entre ellos los poderes reales de supervisión y de presión a nivel de la UE", dijo en un comunicado la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska

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La Unión Europea alcanzó este jueves un acuerdo que otorga más poderes al ejecutivo comunitario en materia de homologación de vehículos y prevé multas para los constructores, dos años después del escándalo de motores trucados Dieselgate.

"Tras dos años de negociaciones, celebro que los elementos clave de nuestra propuesta se hayan mantenido, entre ellos los poderes reales de supervisión y de presión a nivel de la UE", dijo en un comunicado la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska.

El documento, que todavía deben aprobar la Eurocámara y el Consejo de la UE, representa una reforma que "ayudará a restablecer la credibilidad del sector automóvil", apuntó la ministra estonia Kadri Simson, cuyo país asume la presidencia pro témpore del bloque.

Las revelaciones en septiembre de 2015 en Estados Unidos sobre el uso por el constructor alemán Volkswagen de sistemas informáticos para que los coches diésel emitieran menos gases contaminantes durante las pruebas de homologación pusieron en el punto de mira de las críticas a la UE.

El acuerdo alcanzado ahora permite aumentar e intensificar los controles de los vehículos en el momento de su certificación, pero también tras su puesta en marcha y a Bruselas se le atribuye un mayor poder de control y supervisión.

"El escándalo del Dieselgate reveló los puntos débiles de nuestro sistema de reglamentación y de vigilancia del mercado", reconoció Bienkowska, máxime cuando otros constructores europeos también están acusados de aprovecharse de estas fallas.

- Hasta 30.000 euros de multa -

Ante la incapacidad de imponer sanciones tras el escándalo de Volkswagen, la Comisión podrá ahora imponer multas administrativas a los constructores o a los servicios técnicos de hasta 30.000 euros por vehículo no conforme a las reglas.

Para Pascal Durand, vicepresidente del grupo Verdes/Alianza Libre Europea en la Eurocámara, la Comisión debe completar esta reforma presentando "una propuesta sólida sobre las acciones colectivas de los consumidores a principios de 2018".

Los cambios entrarán en vigor "solamente" a partir de septiembre de 2020, lamentó por su parte la oenegé Transporte y Medioambiente (T&E), que celebró el acuerdo pero advirtió que si Bruselas "no se mantiene firme ante las autoridades de regulación nacionales (...), el Dieselgate se reproducirá".

En el bloque europeo, un vehículo certificado en un país de la UE puede circular en sus 28 Estados. Por ello, la nueva legislación busca mejorar la "calidad" de los servicios técnicos que practican las pruebas de homologación mediante controles regulares e independientes.

"La Comisión y los otros Estados miembros podrán contestar una [certificación] en caso de problema", señaló el ejecutivo europeo. Los vehículos ya en el mercado serán controlados más a menudo y Bruselas podrá realizar controles propios, así como proceder a su retirada.

La Oficina Europea de Uniones de Consumidores precisa que los países tendrán la obligación de inspecciones al menos un vehículo recién certificado de cada 40.000 y que el 20% de esos controles deberán incluir pruebas de emisiones.

La oenegé T&E lamentó que "el Consejo haya rechazado la propuesta de la Comisión de romper los vínculos financieros entre los constructores de automóviles y los laboratorios de pruebas". Otra petición no retenida: La creación de una agencia de supervisión supra-europea.

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AFP