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Adhesivos de la campaña contra la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea (UE) a la venta para los delegados de la Conferencia de Primavera del partido euroescéptico de UKIP en Llandudno, en el norte de 27 de febrero de 2016

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Dos británicos que viven en el extranjero desde hace más de 15 años presentarán este miércoles un recurso ante la Alta Corte de justicia reclamando que se les deje votar en el referéndum sobre la Unión Europea (UE) el 23 de junio.

Harry Shindler, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vive en Italia, y Jacquelyn MacLennan, que vive en Bélgica, cuestionan la decisión del Gobierno de excluir del voto a los británicos residentes en el extranjero desde hace más de 15 años.

En cambio, los ciudadanos de la Commonwealth y de Irlanda residentes en el Reino Unido podrán votar, lo que significa que malteses, chipriotas o zimbabuenses, entre otros, tendrán oportunidad de pronunciarse.

"Se penaliza a nuestros clientes por haber ejercido su derecho a la libre circulación en la UE", denunció Richard Stein, abogado del bufete Leigh Day, que representa a ambos.

El abogado admitió que "la legislación sobre el referéndum tenía que basarse en la de las elecciones parlamentarias", que impide votar a los británicos que llevan más de 15 años en el extranjero, como es el caso de sus clientes.

Sin embargo, se introdujeron excepciones, como permitir el voto en el referéndum a los miembros de la Cámara de los Lores, y a los irlandeses y miembros de la Commonwealth que viven en Gibraltar.

"La gente arbitrariamente excluida son ciudadanos que resultarían particularmente afectados por la decisión" del referéndum, añadió Stein, que tildó la decisión de "ilegal".

"Llegué (a Italia) en 1982, cuando necesitabas un permiso de la policía para quedarte. Volvería a ser el caso" si el Reino Unido sale de la UE, teme Shindler. La salida "tendría repercusiones muy serias para todos los expatriados y sus familias", estimó.

Según cifras del Parlamento británico, hay 1,2 millones de británicos que residen en países de la Unión Europea, muchos en España, sin que sea posible cifrar los que llevan más de 15 años.

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AFP