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Imagen de archivo de una huelga de camioneros en Brasil, el 26 de febrero de 2015

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Camioneros bloquearon este martes varias carreteras de Brasil, incluido el acceso al estratégico puerto de Santos (Estado de Sao Paulo, sudeste), en protesta contra el alza de impuestos a los combustibles decretada por el gobierno de Michel Temer.

Los transportistas obstruyeron rutas de Sao Paulo, Minas Gerais, Bahia y otros cinco estados durante el día, según informó la estatal Agencia Brasil.

Uno de los mayores trastornos se dio en el puerto de Santos, el más importante de América Latina, paralizado desde las seis de la mañana hasta entrada la tarde. En la zona llegaron a estar parados 4.000 conductores, de acuerdo a las informaciones del Sindicato de Transportistas de la Baixada Santista (Sindicam) recogidas por ese medio.

El paro, coordinado a través de las redes sociales, contaba con el apoyo, entre otras organizaciones, de la Unión Nacional de Camioneros (Unicam), que criticó en una nota el alza de los combustibles, así como la política económica de Temer.

"Es un absurdo que siempre sean impuestas reglas nuevas a los camioneros, pero sin respetar las leyes vigentes en el sector, muchas de ellas fruto de nuestra lucha continua", afirmó el presidente de Unicam, José Araújo, en un comunicado.

Tras una polémica legal, una corte de segunda instancia autorizó la semana pasada un alza de impuestos a los combustibles con la que el gobierno conservador busca reducir el déficit fiscal.

La decisión le permite a la administración de Temer volver a contar con los 10.400 millones de reales adicionales de recaudación en 2017 (unos 3.300 millones de dólares al cambio actual) previstos por la medida.

El 21 de julio el gobierno anunció un recorte de gastos y una subida tributaria para compensar una caída de 5.800 millones de reales en la recaudación fiscal, entre otras razones por un menor ingreso de recursos de un programa para regularizar activos no declarados en el extranjero.

La medida dejó expuestas las dificultades que aún atraviesa la mayor economía de América Latina, que lucha por cumplir una meta fiscal que contempla un rojo de 143.100 millones de reales para el sector público consolidado (unos 45.000 millones de dólares), equivalente al 2,1% del PIB para el año en curso.

El alza de los impuestos irritó al sector industrial, uno de los principales aliados del impopular mandatario, que este miércoles enfrentará otra prueba de fuego cuando la Cámara de Diputados decida si envía a la corte suprema una acusación de corrupción en su contra o la archiva.

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AFP