Contenido externo

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Pierre Nkurunziza, pronuncia un discurso durante su ceremonia de jura de su tercer mandato como presidente de Burundi, el 20 de agosto de 2015 en Bujumbura

(afp_tickers)

Los barrios contestatarios del norte de Buyumbura, capital de Burundi, continuaban vaciándose tras expirar un ultimátum lanzado a los opositores, mientras la presidencia burundesa intentaba tranquilizar a la comunidad internacional, que teme una violencia étnica a gran escala.

A principios de semana, el presidente, Pierre Nkurunzina, había dado de plazo hasta el sábado a sus opositores para "deponer las armas", a cambio de una amnistía. A partir de ese día, la policía podría "usar todos los medios".

Según unos testigos contactados telefónicamente por la AFP, los habitantes huyen de los barrios de mayoría tutsi del norte de la capital para refugiarse en la periferia o en zonas más tranquilas.

"No habrá guerra ni genocidio", declaró el sábado el responsable de comunicación de la presidencia, Willy Nyamitwe, un día después de que Estados Unidos mostrara su preocupación por la situación en el país africano.

Burundi está sumida en una crisis política desde finales de abril, cuando su presidente presentó su candidatura para un controvertido tercer mandato, que ganó. La oposición, que boicoteó los comicios, la sociedad civil y la iglesia católica consideran que ese tercer mandato es contrario a la constitución y al Acuerdo de Arusha, que abrió la vía al final de la guerra civil (300.000 muertos entre 1993 y 2006), que limitan a dos los mandatos presidenciales.

En medio del conflicto, una brutal represión de las manifestaciones y la reelección en julio de Nkurunziza no evitó que la violencia se intensificara y que pasara a ser armada.

"Es increíble ver cómo un gobierno que quiere acabar con el terrorismo recibe críticas en lugar de ser alentado", dijo Nyamitwe.

Antes de Estados Unidos, la ONU y la Unión Africana también habían mostrado su preocupación por la violencia en Burundi, donde los disturbios han causado unos 200 muertos y 200.000 exiliados, aumentando los temores de un retorno a una guerra interna sin cuartel.

La semana pasada, el presidente del Senado, Reverien Ndikuriyo, amenazó con "pulverizar" a los opositores del régimen que no depusieran las armas antes del sábado. "Hoy, la policía dispara en las piernas, pero cuando llegue el día en que les digamos de ir al 'trabajo', no vengan a llorarnos", afirmó. La palabra 'trabajo' se utilizaba durante el genocidio de Ruanda en 1994 para describir las matanzas masivas que se cobraron la vida de al menos 800.000 tutsis a manos de las milicias hutus.

"Burundi parece estar cayendo en una violencia descontrolada. Se impone una aterradora ilegalidad, de la cual algunas autoridades parecen aprovecharse para justificar una represión brutal", alertó la ONG Human Rights Watch.

AFP