Los temporeros irregulares del sur de España, abandonados a su suerte en plena pandemia
Lamine Diakité, temporero agrícola en el sur de España, lleva dos semanas durmiendo a la intemperie desde que ardió el asentamiento chabolista donde vivía. Como él, cientos de migrantes, muchos en situación irregular, están abandonados a su suerte en pleno repunte de la pandemia de coronavirus.
“Han ardido nuestras chabolas, nos hemos quedado más de 200 personas en la calle, y no hemos recibido ninguna ayuda urgente”, lo que “en plena pandemia es un riesgo para nosotros y para la población”, resume este maliense de 32 años.
Junto a él, y a modo de protesta para exigir un techo digno, decenas de temporeros africanos están durmiendo en colchones en una plaza frente al ayuntamiento de Lepe, un municipio de Andalucía famoso por sus exportaciones de fresas a buena parte de Europa.
Las manos de estos temporeros, muchos de ellos en situación irregular, son esenciales para recoger las cosechas en una España que presume de proveer de frutas y verduras a toda Europa.
Pero en un sitio como Lepe viven en chabolas sin luz ni agua corriente, levantadas con plásticos, palés de madera y colchones, que entre ellos fabrican y se compran por 250 euros.
Los migrantes y el propio ayuntamiento de Lepe señalan que a ninguno se le practicaron pruebas de detección del coronavirus.
Aun así, muchos fueron a trabajar como cada año a otros lugares, como Lérida, en Cataluña, donde hace un mes un brote asociado a temporeros obligó a las autoridades a reconfinar la zona hasta el miércoles pasado. Otro brote similar se produjo en la vecina región de Aragón.
“Es muy posible que siga habiendo algunos brotes asociados a temporeros”, alertó el epidemiólogo en jefe del ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
De momento, sólo la región vinícola de La Rioja (norte) anunció que hará pruebas PCR a todos los temporeros, con o sin contrato.
– Presiones cruzadas –
El de Lamine fue uno de los tres campamentos de chabolas de la zona que a mitad de julio salió ardiendo, por razones aún desconocidas y justo cuando había terminado la recogida de frutos rojos, que incluye el arándano y la frambuesa.
A la puerta de uno de esos terrenos, ahora cercados, aún pueden verse en el suelo prendas de vestir y envases de medicamentos contra la gripe.
“Fue una noche de locura”, recuerda Ismaila Fall, un treinteañero senegalés que intentó apagar el fuego con arena y agua y sospecha que fue provocado.
A la hora de buscar una solución, el panorama sigue dominado por una dinámica de presiones cruzadas: el gobierno central recuerda a las regiones y ayuntamientos sus responsabilidades en alojamiento y salud, y estos replican que no tienen dinero ni competencias suficientes.
“Son un problema del Estado, no del ayuntamiento, nosotros no podemos regularizarlos” a esos migrantes, dice Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, una localidad cercana a Lepe donde ardió otro asentamiento chabolista de temporeros.
“Antes de venir a la explotación hay que hacer los test PCR, pero el PCR tiene un coste grande para el agricultor, el gobierno tendrá que ponerse en marcha” y facilitarlos, añade Juan José Álvarez Alcalde, director general de la patronal agrícola Asaja.
– La ONU advierte –
En Lepe y alrededores el chabolismo se remonta a los años 1980. Recientemente, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Olivier De Schutter, urgió a las autoridades locales a “poner fin a la situación de degradación” en que viven los temporeros irregulares.
El ayuntamiento propuso un terreno industrial para que el ejército levantara un campamento provisional, pero los militares lo descartaron por el calor extremo en la zona, indicó una fuente gubernamental.
Jesús Toronjo, número dos del consistorio lepero, explicó a AFP que están barajando la opción de otra finca municipal con capacidad para 800 personas.
Aunque insiste en que para atajar el problema “tiene que haber una red de alojamientos en todos los municipios agrícolas” de la zona, y “eso lo tenemos que hacer entre todos”, es decir con apoyo del gobierno español y de fondos europeos, y un entendimiento político entre ayuntamientos vecinos.
Una necesidad de cooperación torpedeada sin embargo por las pequeñas luchas de poder.
Ejemplo de ello es Lepe, donde las oenegés de apoyo a los migrantes no esconden sus rencillas, y el ayuntamiento, de signo conservador, respondió a la protesta ante su sede denunciando a una concejala socialista de un pueblo vecino, que preside una ONG simpatizante de los temporeros acampados allí.
“Cada uno echa el balón al lado del otro”, constata Antonio Abad, presidente de la ONG pro-migrantes Asisti.
“El problema es la falta de voluntad política, entendemos que por tratarse de este sector de población inmigrante, que no votan”.
