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El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (d) el 4 de marzo de 2016 en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo

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El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva asumirá un ministerio clave en el gabinete de su sucesora Dilma Rousseff, con la misión de frenar la hemorragia de un gobierno que cruje entre acusaciones de corrupción y una crisis económica.

El exmandatario (2003-2010), de 70 años, estará a cargo del ministerio de la Casa Civil, una especie de jefatura del gabinete de gran influencia en el conjunto de la acción gubernamental.

Lula, investigado por la justicia en el caso del escándalo Petrobras, tendrá la tarea inmediata de volver a dar cohesión a la coalición de gobierno para bloquear un juicio de destitución contra Rousseff en el Congreso, por supuesta adulteración de cuentas públicas.

Rousseff aseguró que Lula ayudará a "relanzar el crecimiento" y a asegurar "la estabilidad y el control de la inflación".

Ese mensaje tranquilizó a los mercados, que temían que Lula, un exdirigente sindical, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), quisiera implementar políticas voluntaristas de crédito susceptibles de ahondar el déficit y la inflación.

La incorporación de Lula al gabinete "fortalece al gobierno, y hay personas que no quieren que sea más fuerte", proclamó su sucesora y heredera política.

La superación de la actual crisis de Brasil, y de los enredos judiciales de Lula, le permitiría por lo demás encarrilar su eventual candidatura a las elecciones de 2018.

El desembarco de Lula como nuevo hombre fuerte de un gobierno impopular generó ácidas críticas de la oposición, que lo ve como una tentativa del exmandatario de obtener fueros privilegiados para sustraerse a la justicia ordinaria, y en especial al juez de primera instancia Sergio Moro, que investiga el escándalo Petrobras.

"Desde el punto de vista político, será visto siempre como una tentativa de interferir de forma directa" en las investigaciones del caso Petrobras, afirmó el dirigente de la oposición socialdemócrata Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014.

Rousseff rechazó esos alegatos.

"Tener prerrogativa de fueros no es impedir la investigación, es hacerla en una determinada instancia (...) ¿A título de qué tengo que pensar que la investigación del juez Sergio Moro será mejor de quien la haga en la corte? Eso es una inversión de jerarquías", declaró.

- Coalición en peligro -

La Corte Suprema sesionaba por la tarde para terminar de definir el formato en que debe tramitarse el juicio político de Rousseff, lo que desbloqueará el proceso congelado por unos recursos judiciales. Esa decisión habilitaría a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que analizará en primer lugar si hay argumentos para iniciar el proceso.

El pasado fin de semana, el principal aliado de la coalición de gobierno, el centrista PMDB, anunció que podría romper la alianza, lo que dejaría a Rousseff en una posición muy frágil.

Sus críticos dijeron que Lula será de hecho el nuevo líder del gobierno y Rousseff no podrá evitar un papel secundario.

"El expresidente inicia en la Casa Civil su tercer mandato y la presidente termina su segundo. No hay como darle otra lectura, esto es grave. Creo que el gobierno se hunde aún más (...). El enorme rechazo de la presidente Dilma se suma ahora al rechazo del presidente Lula", dijo el senador Álvaro Dias, del Partido Verde.

Mientras el PT prende velas para que el padre del milagro socioeconómico brasileño reanime la atribulada gestión, el país se debate en una recesión económica que podría ser la peor en un siglo. El PIB brasileño se contrajo 3,8% en 2015 y las previsiones del mercado son que caerá otro 3,5% en 2016, mientras que el desempleo es de 7,6% y la inflación supera los dos dígitos.

- Lodo -

En Brasilia aún retumban las acusaciones de corrupción de un senador del PT procesado por obstaculizar la investigación del escándalo de Petrobras, que fueron desclasificadas el martes y regaron de sospechas a gran parte del arco político, Lula y Rousseff incluidos.

En su testimonio, Delcidio Amaral, exlíder del PT en el Senado, dijo que Rousseff ordenó sobornarlo para que no colaborara con la justicia y que Lula intentó interferir en la causa.

De acuerdo con Amaral, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, le habría insinuado apoyo a cambio de que no colabore con las autoridades, pero el senador desoyó la oferta y decidió delatar a otros involucrados a cambio de una reducción de su eventual condena.

Su declaración fue aceptada por la Corte Suprema, lo que da luz verde a la fiscalía de la República para iniciar investigaciones sobre los mencionados, que incluye a Aecio Neves (PSDB) y al actual vicepresidente de Brasil, Michel Temer.

En un clima de conmoción política agudizado por una multitudinaria protesta que el domingo pasado congregó millones de personas para pedir la dimisión de Rousseff, el PT responderá con una marcha este viernes, que será una prueba del respaldo social con que puede contar aún la impopular Rousseff.

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AFP