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La aplicación de Uber delante de un automóvil en Washington, EEUU, el 25 de marzo de 2015

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El número de conductores inscritos en Chile en Uber superó al de los taxistas establecidos, que acusan competencia "desleal" de la empresa virtual de transporte estadounidense y exigen que el gobierno la demande.

En dos años, Uber ha logrado captar a 10.000 conductores para sus filas, mientras que otros 15.000 se encuentran en trámite, alcanzando los 25.000 inscritos, superando a los 24.500 afiliados a la confederación de chóferes.

Desde hace cinco años el crecimiento del parque de taxis está congelado y sólo se puede acceder si algún taxista vende su vehículo y la patente, cuyo costo puede alcanzar los 15.000 dólares.

"Uber no puede ser una empresa de transporte público o privado porque no tiene vehículos señalizados. Además, sus conductores son personas que tienen licencias clase B (particular), mientras que nosotros debemos tener la licencia profesional para trabajar", dijo a la AFP, Alonso Puebla, secretario general de la Confederación de Taxistas de Chile.

Se trata de una "competencia desleal", ya que mientras sus conductores deben cumplir con las reglas de la norma del tránsito, la empresa se salta la legalidad, agrega Puebla.

Los taxistas protagonizaron la semana pasada una protesta en Santiago, exigiendo que Uber deje de operar o se atenga a las leyes chilenas.

"Uber es un servicio legal y más seguro. Lo entregado no es prohibido en ningún lado, ya que lo que hacemos es disponer de más opciones de movilización para la ciudad", se defendió ante medios locales Carlos Schaaf, gerente general de la empresa que nació en 2009 en Estados Unidos.

El gobierno chileno ha advertido a Uber que para realizar sus operaciones debe tener autos autorizados, tal como los taxis.

Uber, cuyo valor patrimonial supera los 50.000 millones de dólares, funciona con una aplicación en los teléfonos móviles para prestar el servicio con chóferes de autos particulares sin regulación, en 68 países, como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Brasil o España, donde han tenido dificultades con las leyes y los sindicatos de taxistas.

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AFP