Contenido externo

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Las fuerzas antidisturbios turcas moentan guardia el 27 de diciembre de 2016 en el tribunal de distrito de Silivri, en Estambul, durante el juicio contra cerca de 30 policías acusados de estar implicados en la tentaiva de golpe de Estado de julio

(afp_tickers)

Las autoridades turcas anunciaron la destitución de más de 8.000 personas y la clausura de decenas de asociaciones adicionales, en el marco de las investigaciones abiertas tras la tentativa de golpe de Estado del año pasado.

Tres decretos publicados en el Diario Oficial anuncian la destitución de 2.687 policías, 1.699 funcionarios del Ministerio de Justicia, 838 del de Salud y cientos de empleados de otros Ministerios, así como 631 universitarios y 8 miembros del Consejo de Estado.

Los decretos advierten además de que los turcos que se encuentren en el extranjero pueden perder la ciudadanía si no regresan en un plazo de tres meses si son convocados por las autoridades.

Más de 80 asociaciones acusadas de "actividades que atentan contra la seguridad del Estado" fueron clausuradas.

Entre ellas hay ocho clubs deportivos, principalmente situados en el sureste del país, de mayoría kurda.

En cambio, 11 diarios, principalmente del sureste, cerrados anteriormente, fueron autorizados a volver a abrir.

Las medidas anunciadas se inscriben en el marco del estado de emergencia instaurado tras la tentativa de golpe de Estado del 15 de julio pasado.

Las autoridades turcas acusan a Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos, de haber urdido el golpe, hecho que él desmiente.

Desde entonces, más de 41.000 personas han sido detenidas en Turquía y más de 100.000 han sido destituidas o suspendidas de sus cargos, en particular profesores, policías y magistrados.

Estas purgas, de una magnitud sin precedentes, generan preocupación entre los socios occidentales de Ankara y en organizaciones de derechos humanos, que temen que el estado de emergencia -prolongado esta semana por tres meses- sirva como pretexto para reprimir cualquier tipo de disidencia.

AFP