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El presidente Barack Obama habla durante un acto público el lunes 9 de noviembre en Washington

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Gobierno del presidente Barack Obama cuestionará ante el Tribunal Supremo de EEUU la decisión de un tribunal de apelaciones que el lunes mantuvo el bloqueo a las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre del año pasado, informó este martes el portavoz del Departamento de Justicia.

Esa cartera "no está de acuerdo con el fallo adverso" del tribunal de apelaciones "y pretende solicitar una revisión por parte del Tribunal Supremo de EEUU", expresó Patrick Rodebush en una nota oficial.

En la noche del lunes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, mantuvo el bloqueo a la aplicación de los decretos con medidas de alivio migratorio, manteniendo vigente una decisión de un tribunal de distrito de Texas de febrero pasado, que paró en seco todo el proceso.

De acuerdo con Rodenbush, el Departamento de Justicia está "decidido a dar los pasos necesarios para resolver el litigio sobre la cuestión migratoria tan pronto como sea posible".

Para Rodenbush, el Departamento de Seguridad Interior precisa de esos decretos para priorizar la deportación de "aquellos que cometen crímenes, no de personas que tienen lazos con EEUU ni aquellos que están criando niños estadounidenses".

Obama había anunciado el pasado 20 de noviembre un conjunto de decretos que permitían a inmigrantes ilegales cuyos hijos ya regularizaron su situación en EEUU beneficiarse de la misma legislación, una medida que, se estima, ayudaría a sacar de la ilegalidad a por lo menos cuatro millones de personas.

El objetivo fundamental de los decretos firmados por Obama era tratar de contener la deportación masiva de inmigrantes ilegales, incluso de personas cuyos hijos ya pasaron a tener su situación resuelta.

Sin embargo, en enero, los gobernadores de 26 estados cuestionaron ante la justicia la constitucionalidad de las medidas, por considerar que Obama carecía de la autoridad para actuar por tratarse de una cuestión bajo análisis del Congreso.

El presidente esperaba que los decretos tuvieran efecto antes de su salida de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, pero, con el envío del caso al Supremo, aún no está claro si los plazos lo permitirán.

AFP