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Una estructura de la planta hidroeléctrica de Chaglla, en el río Huallaga, en la región peruana de Huanuco, en una imagen del 6 de octubre de 2016. Odebrecht ha vendido la hidroeléctrica a un consorcio que lidera China Three Gorges

(afp_tickers)

La brasileña Odebrecht firmó un acuerdo con un consorcio liderado por una de las mayores empresas de generación de energía del mundo, China Three Gorges Corporation, para la venta de una importante hidroeléctrica que tiene en Perú, informó el jueves la empresa.

"Odebrecht firmó un acuerdo con un consorcio liderado por la empresa China Three Gorges Corporation (CTG), para la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, la tercera más grande del Perú", indicó un comunicado de la filial en Lima de la empresa brasileña.

Aunque los montos no fueron detallados oficialmente, unos agentes financieros informaron a la AFP de que la operación se concretó en 1.400 millones de dólares, por Chaglla, considerada la tercera mayor hidroeléctrica del país, con una capacidad de generación de 456 megavatios (MW).

Del monto en mención, una gran parte servirá para pagar deudas bancarias adquiridas para el financiamiento de la obra.

Otra parte irá a un fideicomiso administrado por el gobierno, que asegura la cobertura de una reparación civil, como parte del proceso que se le sigue a Odebrecht en Perú por el pago de sobornos a cambio de obras públicas.

El consorcio liderado por la estatal CTG está formado por Hubei Energy Group Co. Ltd. ('Hubei Energy'), Ace Investment Fund II LP ('ACE') y CNIC Corporation Limited.

La Central Hidroeléctrica de Chaglla está ubicada en la región de Huánuco (selva central) y está compuesta de una represa de más de 200 metros de altura.

Odebrecht tiene un programa de venta de activos para hacer caja y afrontar procesos judiciales, además de pagos por reparaciones civiles, después de haber admitido el pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de América Latina, en el escándalo "Lava Jato".

El gobierno peruano ha pedido a Odebrecht que se retire del país y un decreto del ejecutivo de febrero impide contratar con el Estado a toda empresa que haya incurrido en actos de corrupción.

Este decreto obliga a que la venta de los activos de la constructora pase a un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil.

La forma en que se está aplicando esta norma, según Odebrecht, le está complicando tanto sus operaciones de venta como el pago a sus proveedores.

Por ello, la brasileña llevó al Perú a finales de mayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para resolver el tema. Apelan primero al procedimiento de trato directo o conciliación, antes de entrar a un arbitraje.

Odebrecht ha reconocido en Perú el pago de 29 millones de dólares en sobornos a cambio de obras públicas entre 2005 y 2014, período que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

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AFP