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Graffiti en Iguala, estado de Guerrero, el 27 de mayo de 2015

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Dos agentes de la Policía Federal de México habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, sur) en 2014, informó este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), implicando por primera vez a fuerzas federales en este controvertido caso.

Citando un testimonio no identificado, la comisión aseguró que tiene evidencia para "presumir la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal", dando un giro a esta investigación que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales e investigadores independientes.

Eso abre una "segunda ruta de desaparición" de los jóvenes, es decir, una nueva línea de investigación que las autoridades deberían explorar, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la que están adscritos los agentes federales, dijo el mismo jueves que la revelación no es tal.

Todos los policías federales que estaban esa noche en la región declararon ante el ministerio público "sin que hasta el momento se haya confirmado alguna responsabilidad en su contra", dijo la CNS en un comunicado.

Por su parte la fiscalía general anunció que "profundizará en esta línea de investigación" y que ha establecido medidas cautelares para el testigo que hizo estas revelaciones.

La versión oficial de la fiscalía indica que los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y del vecino pueblo de Cocula cuando iban en cinco autobuses.

Los uniformados, según la investigación oficial, los habrían entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos que habrían asesinado, incinerado y arrojado sus restos a un río.

Esta investigación "no tiene verdad. En el basurero de Cocula no hay verdad", dijo de su lado este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos, quien dijo que se confirmó la participación de corporaciones federales, tal como ellos denunciaron antes.

Se trata de "la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas de nuestro país", dijo González Pérez.

- Enfrentamiento con piedras, ramas y gases lacrimógenos -

El testigo, al que la comisión calificó de "confiable", observó a los agentes de la Policía Federal frente al Palacio de Justicia de Iguala, en una zona conocida como Puente El Chipote, donde policías municipales detuvieron uno de los autobuses.

En ese vehículo se transportaban rumbo a la escuela de Ayotzinapa entre 15 y 20 estudiantes, uno de ellos, Alexander de la Mora, el único de los 43 jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron identificados plenamente.

Los policías de Iguala, que iban encapuchados, habrían abierto fuego contra los neumáticos del autobús hasta obligarlo a detenerse. Luego, rompieron las ventanas del vehículo con ramas y lanzaron al interior gases lacrimógenos, según el testigo.

Aunque los estudiantes intentaron defenderse con piedras, fueron obligados a descender para luego ser golpeados, esposados y arrojados violentamente boca abajo.

Los agentes policiales se llevaron a los estudiantes en patrullas, incluyendo tres de Huitzuco, un municipio aledaño a Iguala, según el testimonio de la CNDH.

- "El patrón" -

Esas patrullas fueron interceptadas por los dos agentes de la Policía Federal, quienes preguntaron sobre el procedimiento.

"Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué hacer con ellos", habrían respondido los policías municipales, según la CNDH.

Esto bastó para que los agentes federales los dejaran pasar.

Los uniformados federales "habrían permitido que dos corporaciones municipales actuaran en una zona federal, aprobando que los normalistas (estudiantes) sean llevados ante quien identifican como 'el patrón', posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino", lamentó José Larrieta Carrasco, titular de la oficina para el caso Iguala de la CNDH.

La fiscalía asegura que los integrantes de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de un cártel rival, por lo que los habrían incinerado en un basurero de Cocula.

Pero un grupo de investigadores independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense descartaron que existiera evidencia de un fuego de tal magnitud en el basurero.

Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues ha causado multitudinarias protestas y un deterioro de la popularidad del mandatario

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AFP