Once muertos en protestas de Birmania, donde se postergó audiencia de Suu Kyi
Al menos 11 manifestantes murieron este lunes en Birmania, donde la junta militar bloqueó las redes de datos móviles, lo que obligó a postergar una audiencia telemática de la exdirigente Aung San Suu Kyi.
Estos manifestantes fallecieron en varias localidades de las regiones centrales del país y, según testigos, los militares volvieron a utilizar munición real contras las protestas.
“Dos hombres murieron por disparos y otros seis resultaron heridos”, dijo a la AFP un testigo en Aunglan, en la región de Magway, precisando que uno de ellos recibió un disparo en el pecho.
“Estaba justo a mi lado. El otro recibió un disparo en la cabeza”, añadió.
En las protestas de Myingyan (centro), también murieron seis personas, “tres de ellas, incluyendo una mujer, por disparos”, dijo un vecino de la ciudad.
Otro manifestante falleció en Monywa, informó un medio estatal, y otros dos hombres, de unos 20 años, en Mandalay, según un doctor y un periodista de la AFP.
El balance no deja de aumentar con al menos 44 civiles muertos el domingo, la jornada más sangrienta desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero. En total, más de 120 personas han muerto en las últimas seis semanas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).
El domingo, la tensión fue especialmente fuerte en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún, donde un grupo de asaltantes incendió varias fábricas chinas y 22 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
Tras los enfrentamientos, la junta decretó la ley marcial en seis comunas de Rangún, Hlaing Tharyar y Shwepyitha.
Toda persona detenida en los suburbios será juzgada por un tribunal militar y se enfrenta al menos a tres años de trabajos forzados.
El resentimiento contra China se ha intensificado en las últimas semanas en el país, pues muchos piensan que Pekín, gran inversor en Birmania, tiene una posición demasiado indulgente con los militares golpistas.
El lunes, China se declaró “muy preocupada” por la seguridad de sus ciudadanos en Birmania y el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, exhortó a las autoridades birmanas a tomar medidas para “evitar decididamente que tales incidentes se reproduzcan”.
Entretanto la AAPP ha contabilizado más de 2.000 detenidos desde el golpe de Estado, entre ellos Auung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991 y dirigente de hecho del gobierno birmano hasta el golpe.
Suu Kyi, de 75 años, tenía que comparecer ante la justicia por videoconferencia, pero la audiencia fue postergada por falta de conexión a internet, y se realizará el 24 de marzo, indicó a la AFP su abogado Khin Maung Zaw.
Suu Kyi está acusada de al menos cuatro delitos: importación ilegal de walkies-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre telecomunicaciones e incitación a disturbios públicos.
La junta la acusa también de corrupción al afirmar que había recibido 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro de sobornos.
– “Crímenes contra la humanidad” –
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la existencia de persecuciones, muertes, desapariciones forzosas, torturas y probables “crímenes contra la humanidad” perpetrados por el ejército.
“Los dirigentes de la junta no deben estar en el poder, sino detrás de los barrotes”, tuiteó el lunes Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para Birmania, e instó a parar inmediatamente el “suministro de dinero y armas” a los militares.
La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, condenó el nuevo derramamiento de sangre, mientras la antigua potencia colonial británica dijo estar “consternada” por el uso de la fuerza “contra inocentes”.
Pero la junta hace oídos sordos de las condenas internacionales.
Muchos responsables de la Liga Nacional para la Democracia (LND) fueron detenidos tras el golpe de Estado, de los que dos han muerto durante su detención.
Algunos diputados, que pasaron a la clandestinidad en su mayoría, han creado un Comité para representar la Asamblea de la Unión (CPRH), que representará a un parlamento fantasma.
La junta advirtió por su parte que la pertenencia a este comité se asimila con “alta traición” y puede acarrear penas de cárcel de hasta 22 años.
