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Una escena de un tiroteo en Capitol Hill el 15 de julio de 2009 en Washington, DC.

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Tras cada nuevo tiroteo en Estados Unidos resurge el debate sobre el derecho a portar armas y un poderoso lobby invoca la segunda enmienda de la Constitución contra cualquier intento de endurecer las leyes. Pero se trata de un texto ambiguo cuya interpretación ha variado con los siglos.

El asunto vuelve a estar sobre el tapate este viernes, día en que el presidente Barack Obama visita a las víctimas de un atacante que mató a nueve personas la semana pasada en un campus universitario de Oregon.

La segunda enmienda, ratificada en 1791, establece que: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no podrá ser vulnerado".

Para quienes se oponen al libre porte de armas, la primera parte de la enmienda determina claramente que el derecho a armarse está relacionado con la pertenencia a una milicia de autodefensa ciudadana que podía movilizar cada estado en caso de necesidad.

Pero quienes la apoyan a rajatabla, entre ellos la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), se enfocan en la segunda parte, que garantiza a cualquier ciudadano el derecho a poseer un arma para la autodefensa.

La Corte Suprema se ha puesto del lado de esta última interpretación.

En junio de 2008, el máximo tribunal revocó una ley de la capital federal, Washington, que prohibía las armas cortas, señalando que la enmienda garantiza sólo "el derecho individual a poseer y portar armas en caso de confrontación", según un fallo firmado por el magistrado Antonin Scalia.

Durante los 217 años anteriores, la segunda enmienda no había sido casi puesta en entredicho. El último fallo sobre el tema de la Corte Suprema había tenido lugar en 1939.

Fue a partir de finales de los años setenta, en pleno inicio de la revolución conservadora que llevó al poder a Ronald Reagan, que la defensa de la segunda enmienda se volvió un asunto importante en la agenda pública de la mano de la NRA, que adoptó una línea intransigente bajo la bandera de la defensa de la "libertad individual".

Estados Unidos estaba comenzando entonces a experimentar un notable aumento en la violencia callejera, al que las ciudades comenzaron a responder con medidas que restringían el porte de armas.

Esas decisiones enfrentaron la oposición de la NRA, que era hasta entonces fundamentalmente un grupo de cazadores y tiradores deportivos, no un bastión de activistas conservadores.

La organización, que aglutina a casi 4,5 millones de personas, y otros grupos actúan permanentemente contra las legislaciones aprobadas por las ciudades, los condados o los estados que consideran que restringen el derecho constitucional a tener armas.

- ¿Retorno a la Corte Suprema? -

Para muchos juristas, es la Corte Suprema la que debe debatir el alcance de las medidas que amparan la libertad para la tenencia de armas.

"No recuerdo ningún caso en el que (el tema de las armas) haya sido asumido realmente como una cuestión constitucional", señala a la AFP Charles Fried, profesor de Derecho en Harvard.

Para Fried, la idea de que hay un derecho constitucional a tener armas es un mito, una mentira propagada por una NRA "absolutista" y "que causa temor" entre los políticos conservadores.

"El tema se ha convertido en el equivalente de lo que la Primera Enmienda hizo por la libertad de expresión", señala por otra parte Alan Morrison, profesor de Derecho en la Universidad George Washington.

Actualmente ningún sector político predica la necesidad de prohibir la tenencia de armas. La diferencia entre los demócratas y los republicanos radica básicamente en el grado de regulación a que deben ser sometidas las ventas o licencias que se dan a los ciudadanos.

En 2008, cuando era senador e incluso ya candidato a la Casa Blanca, Obama llegó a felicitar a la Corte Suprema de Justicia por defender el derecho individual a armarse, si bien pidió -como lo sigue haciendo ahora- un endurecimiento de la reglamentación.

En la práctica, la decisión de la Corte de 2008 dio lugar a la derogación de varias leyes que restringían el porte de armas en diversas regiones.

Pero, paradójicamente, el alto tribunal confirmó en esa misma decisión el principio de que el derecho a poseer un arma no es infinito y que es legítimo tomar restricciones que impidan a los delincuentes o a los enfermos mentales acceder a ellas.

Muchos estados han logrado endurecer su legislación, asumiendo restricciones que no han sido controvertidas por los tribunales.

Sin embargo, en 2013, una ambiciosa iniciativa de Obama que proponía un control de la venta de armas a personas con antecedentes penales o mentales, fue derrotada en el Congreso.

AFP