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Presidente peruano Ollanta Humala en el Congreso, el 28 de julio de 2015, Lima.

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Perú está bajo amenaza de una demanda de un fondo de inversión estadounidense que exige el pago de unos bonos estatales de hace cuatro décadas de los que es acreedor.

Los llamados bonos agrarios fueron emitidos como compensación en la década de 1970 dentro de un programa de reforma agraria iniciado por un gobierno militar (1968-1980) que encabezó el general Juan Velasco, quien expropió las tierras para entregarlas a los campesinos con el objetivo de acabar con los latifundios.

Se estima que son más de 500 los acreedores de estos bonos, entre ellos el estadounidense Fondo de inversión Grammercy, que adquirió parte de ellos a tenedores de bonos locales hace casi una década.

Grammercy evalúa acudir a un mecanismo de solución de controversias internacional, conocido como Investor State Dispute Settlement (ISDS), para que Perú incremente los pagos. Reclaman una parte del total de la torta.

El Congreso del Perú estimó en 2006 en 2.500 millones de soles de la época -unos 5.000 millones de dólares hoy- el valor de esos bonos.

-No nos importa-

"Estuvimos buscando una resolución consensual con las autoridades peruanas, pero nos dijeron a quemarropa: 'No nos importa", dijo a la AFP el vocero de Grammercy, James Taylor, desde Estados Unidos.

Según Grammercy "el uso ilegal del Tribunal Constitucional del Perú para privar a los tenedores de bonos más altos de la compensación a la que tienen derecho es chocante".

"Es irónico que esta amenaza llegue justo en el momento de una reunión internacional en Perú, que buscan impedir justamente este tipo de comportamientos depredadores", dijo en un comunicado Eric LeCompte, de la ONG Jubilee USA.

- Estamos protegidos -

"Las leyes peruanas nos amparan y estamos protegidos", dijo a la AFP el ministro de Economía, Alonso Segura, quien descartó que el gobierno se niegue a pagar los bonos de más de 500 acreedores, cuyo valor total estimado superaría los 5.000 millones de dólares.

El gobierno peruano ha dicho que cumpliría con el pago tal como lo resolvió en 2013 el Tribunal Constitucional, máximo foro jurídico en Perú.

Según los acreedores, el gobierno presionó en 2013 al Tribunal Constitucional para sustituir una resolución que obligaba al Estado a cancelar la deuda, por una que permite a las autoridades reescalonar la deuda a largo plazo.

"Es inaceptable que se difiera el pago porque cuando ello finalice, muchos acreedores estarán muertos", dijo a la AFP, Carlos Anderson, vocero los tenedores de bonos en Perú.

- Los acreedores locales -

El caso saltó a los reflectores con ocasión de la reunión en Lima de la Junta anual de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, cuando los acreedores locales denunciaron que el gobierno les prohibió realizar una marcha pacífica hacia la sede del evento financiero.

El objetivo de la protesta era comunicar que Perú expropió más de 9 millones de hectáreas de tierra privada en 1969 y que desde entonces existe una negativa a pagar a muchos de los bonistas.

Según la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria del Perú "los inversionistas internacionales deben estar al tanto del 'default' del Perú sobre los Bonos de la Deuda Agraria emitidos entre 1969 y 1982".

"Por primera vez el Estado peruano no puede seguir ignorando un tema porque le sale al frente alguien quien tiene recursos para defender sus intereses", dijo a la AFP el portavoz de los acreedores peruanos, Carlos Anderson.

"El gran buitre en esta historia es el Estado peruano que se ha burlado de los acreedores durante 40 años. Una demanda en el extranjero contra Perú no deslegitima al fondo Grammercy de exigir el pago de un Estado soberano", acotó Anderson.

AFP