Petrobras recibe USD 200 millones de acuerdos judiciales por trama de corrupción
Petrobras recibió este jueves casi 654 millones de reales (200 millones de dólares) procedentes de acuerdos judiciales relacionados con la Operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil.
El anuncio se oficializó en una rueda de prensa en Curitiba (sur), apodada ‘capital del Lava Jato’, que puso al descubierto una gigantesca trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos y partidos de todas las tendencias para obtener contratos en la petrolera estatal.
“Con este cheque de 653.958.954,96 reales, Petrobras ya obtuvo resarcimientos por 1.500 millones de reales. Ese dinero representa casi el 20% de lo que fue identificado en nuestro balance como desvíos de recursos”, declaró el presidente de la petrolera, Pedro Parente.
“Esta es la mayor devolución de recursos de una víctima en la historia de Brasil, en la historia de la criminalidad en Brasil”, declaró por su lado el fiscal Daltan Dallagnol, a cargo del equipo de investigadores sobre ese megafraude.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) bloqueó en octubre 7.570 millones de reales de activos de personas físicas y jurídicas (principalmente constructoras), con vistas a asegurar la restitución de fondos a Petrobras.
La petrolera indicó en un comunicado que “trabaja en colaboración con el Ministerio Público Federal, con la Policía Federal, con los Impuestos Federales y con las demás autoridades competentes desde el inicio de las investigaciones, mejorando al mismo tiempo sus mecanismos de control y toma de decisiones”, señala el documento.
En tres años y medio, la Operación Lava Jato (lavadero de autos) llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a empresarios y políticos de primer plano. La mayoría de los procesos de primera instancia están radicados en el juzgado del magistrado Sergio Moro, de Curitiba (sur), y los de políticos con fueros se hallan en manos de la corte suprema en Brasilia.
El dinero restituido procede de acuerdos de colaboración judicial alcanzados con implicados en actos de corrupción.
