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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, saluda al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en Bruselas, el 18 de febrero de 2016

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Tres años después de poner fin a su programa de rescate financiero, Portugal está a un paso de salir del procedimiento de déficit excesivo, un nuevo logro para este pequeño país al borde de la quiebra en 2011 y muy endeudado.

La Comisión Europea propuso este lunes la salida de Portugal del procedimiento de déficit excesivo, después de que Lisboa redujera su déficit por debajo del 3% del PIB en 2016. La confirmación la deberán dar los socios de Lisboa en la Unión Europea (UE) en junio.

"Es una muy buena noticia para Portugal", comentó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Desde 2009 Portugal estaba bajo extrema observación por parte de la Comisión Europea. Golpeado por la crisis de la deuda, Lisboa logró en 2016 por primera vez reducir a menos de 3% su déficit, para situarlo en 2% de su PIB, un esfuerzo descomunal en relación al año anterior cuando se situaba en 4,4%.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que los países del bloque deben seguir para mantener sus cuentas públicas saneadas, fija un techo del 3% del PIB para el déficit público.

- Buenas noticias -

La decisión de Bruselas fue saludada de manera unánime. "Es un lindo día para Portugal", exclamó el ministro de Finanzas, Mario Centeno. E incluso el dirigente de la oposición de derecha, Pedro Passos Coelho, quiso "felicitar al gobierno".

El gobierno portugués, dirigido por el socialista Antonio Costa, se comprometió a reducir el déficit a 1,5% del PIB este año, y a 1% en 2018. Y apunta al equilibrio fiscal en 2020.

Según las previsiones del ejecutivo comunitario, las finanzas públicas portuguesas registrarán un déficit del 1,8% en 2017 y del 1,9% en 2018.

Hace un año, Portugal, así como España, estaba amenazado con sanciones financieras por no haber respetado los objetivos de déficit en 2015. La Comisión Europea, presionada entonces por el Brexit, había renunciado a infligir multas.

La llegada al poder en noviembre de 2015 de un gobierno socialista apoyado por partidos de izquierda antiausteridad había provocado la inquietud de los mercados.

Portugal figurará ahora entre el pelotón de países virtuosos de la zona euro en materia fiscal, a diferencia de su vecino español, que tuvo que registró en 2016 un déficit de 4,5%, en línea con su compromiso de reducción pactado con Bruselas, y Francia, que no cumplió su objetivo con 3,4% de déficit.

Golpeada por la crisis de la deuda en la zona euro, Lisboa tuvo que aplicar duras medidas de rigor presupuestario a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros acordado en 2011 por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El año pasado, el gobierno dio un verdadero hachazo de 30% a las inversiones públicas. Pero la alianza con la izquierda logró dar mas poder adquisitivo a los portugueses, aumentando los subsidios sociales y disminuyendo la carga fiscal de los salarios.

Este es el déficit más bajo para Portugal desde 1974. En el primer trimestre de este año, el país registró además su mayor expansión económica en una década (2,8%) y la tasa de desempleo está por debajo de 10%.

- Deuda -

Pero estas buenas noticias se ven empañadas por la deuda pública, que el año pasado alcanzó 241.000 millones de euros, un 130,4% del PIB, la tercera más importante de la zona euro detrás de la de Grecia y la de Italia.

Esto explica la reticencia de las grandes agencias de calificación financiera para sacar de la categoría especulativa la nota de la deuda soberana de Portugal, calificación que tiene desde 2011.

"El ratio de la deuda pública sigue siendo uno de los más elevados de la Unión Europea", advirtió el viernes la agencia de calificación Moody's.

Otro de los inconvenientes del país es la fragilidad de su sistema financiero, a pesar de que el Estado haya rescatado a varios bancos, como el Banco Espirito Santo en 2014 o el pequeño Banif, en 2015.

Este año fue el turno del banco público Caixa Geral de Depositos, que recibió una inyección de fondos públicos de 3.900 millones de euros. Si Bruselas decide imputar este costo al déficit de 2017, no puede excluirse un nuevo incumplimiento.

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AFP