El principal acusado en el proceso contra los independentistas catalanes, Oriol Junqueras, utilizó este jueves el Tribunal Supremo español como tribuna pública para condenar lo que calificó como un juicio "político" contra un movimiento separatista "pacífico", negando delito alguno.

Acusado de rebelión y malversación por parte de la fiscalía, que reclama para él 25 años de cárcel, Junqueras fue el primero de los doce acusados en declarar en este juicio histórico iniciado el martes, en medio de una fuerte crispación política en España en parte por la continuada crisis catalana.

Ex vicepresidente catalán, de 49 años, y líder del partido independentista ERC, Junqueras afirmó al comenzar su testimonio en castellano que se plegaba a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación, por tratarse de "un juicio político".

"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", expresó quien fuera el número dos del ex presidente catalán Carles Puigdemont durante el intento de secesión de octubre 2017.

En prisión preventiva desde hace quince meses, Junqueras se definió como "un preso político", afirmando que seguirá intentando dar una salida a las demandas separatistas "sea cuál sea el resultado de este proceso" y advirtiendo que el conflicto catalán "no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel".

- Alegato con "pasión" -

Llegando a excusarse por la "pasión" en sus respuestas "después de año y medio de silencio forzado", hizo una entusiasta defensa del proceso independentista, que a su juicio creció por años ante la "negación al diálogo" del gobierno español.

De traje y corbata oscuros, este independentista de izquierdas desde su infancia remarcó una y otra vez que los separatistas siempre actuaron "de forma no violenta".

"Si se nos lee, se nos escucha, se observa nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia", afirmó este historiador y antiguo profesor universitario.

"Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito, trabajar por la independencia pacíficamente no es delito", declaró.

El controvertido concepto de la violencia es clave en este juicio transmitido íntegramente por televisión, ya que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.

El miércoles, la fiscalía defendió que sí hubo tal violencia, alegando que los independentistas usaron a ciudadanos como "escudos humanos" contra la policía que intentaba impedir el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, a sabiendas de que se generarían choques.

Además, la fiscalía rechazó que se trate de un juicio político: "Los acusados llevan años defendiendo este proceso independentista" y solo se les ha procesado cuando "han llevado a cabo acciones que han quebrantado los límites establecidos para los derechos políticos", dijo el fiscal Javier Zaragoza.

- "¡Ánimo, Oriol!"

Además de Junqueras, el Tribunal Supremo enjuicia a varios ex ministros regionales, los responsables de dos influyentes asociaciones independentistas y la ex presidenta del parlamento catalán.

Por impulsar el referéndum de autodeterminación y declarar unilateralmente el 27 de octubre de 2017 una fallida república catalana, los acusados deben responder por presuntos delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por los que enfrentan penas de los 7 a los 25 años de cárcel para Junqueras.

El gran ausente de este juicio, que se prolongará por tres meses y cuya sentencia no se conocerá antes de julio, es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Este último envió un mensaje en Twitter apoyando a Junqueras: "No dejaremos pasar la represión, no cederemos ante la injusticia ignominiosa. ¡Ánimo, Oriol!".

Este juicio contribuyó a tensar al máximo la relación entre el Ejecutivo español y los independentistas catalanes, lo que llevó a que estos últimos, junto a la derecha, tumbaran el miércoles en el Parlamento español el proyecto de presupuestos para 2019.

Ante este escenario, el gobierno del socialista Pedro Sánchez anunciará el viernes si adelanta las legislativas y aboca a España a sus terceras elecciones en tres años y medio.

En medio del caldeado ambiente, la funcionaria española a cargo de defender en el exterior la imagen del país, Rene Lozano, comparó el miércoles en entrevista con Sky News el referéndum de autodeterminación con una "violación": "El sexo está bien, pero si no tienes permiso es violación. (...) Votar está bien, pero si no tienes permiso, se vuelve un delito criminal".

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