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Vista parcial de la fachada de una sucursal del banco español Popular en Vilanova i la Geltru, cerca de Barcelona, el 7 de junio de 2017

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El órgano europeo de rescate bancario publicó este viernes el informe de la auditoría Deloitte que se empleó en junio para vender el banco español Popular al Santander por un euro simbólico, una operación muy polémica objeto de una avalancha de denuncias.

El documento fue reclamado por los diputados españoles, que denunciaron la opacidad y la precipitación con la que el Popular, por entonces el sexto banco de España, fue vendido al Santander en cuestión de horas.

El documento, acompañado de otros más, contiene sin embargo numerosos pasajes tachados en negro, y por tanto ilegibles. Entre ellos un detalle esencial en la caída del banco: las fugas de depósitos sufridas entre el 31 de marzo y el 1 de junio.

La Junta Única de Resolución, con sede en Bruselas, lo justificó en un comunicado afirmando que "algunas partes de esos documentos son confidenciales", y que su publicación "podría socavar" intereses públicos e incluso "los intereses comerciales del Banco Popular y/o de su comprador".

El Banco Popular, considerado "al borde de la quiebra", fue vendido al Santander, la mayor entidad bancaria española, la madrugada del 7 de junio. Con la operación se inauguró el mecanismo único de resolución (MUR), creado para rescatar bancos de la zona euro sin recurrir a dinero público.

Las semanas previas, el Popular había sufrido una auténtica hemorragia de depósitos, después de que cundiera el pánico sobre el estado de sus cuentas, lastradas por la acumulación de activos inmobiliarios tóxicos.

En virtud de los términos de la operación, los alrededor de 300.000 accionistas del Banco Popular perdieron el 100% de su inversión, entre ellos el magnate chileno Andrónico Luksic y el empresario mexicano Antonio del Valle.

La noticia causó escándalo y miles de ellos presentaron denuncias en España. Igualmente se presentaron 98 demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

Las críticas se centraron desde entonces en el informe de Deloitte utilizado por las autoridades europeas como documento base para el rescate.

Dicho texto, según explicaron entonces, valoraba el Popular en negativo, y afirmaba que la entidad arrastraba un agujero de entre 2.000 millones de euros y 8.000 millones.

La amplitud de la horquilla dejó perplejos a los inspectores del Banco de España, que en junio dijeron que a la vista de esas cifras o bien "el experto no lo es tanto, o no lo es su independencia".

Las informaciones publicadas este viernes, sin embargo, modifican considerablemente la horquilla, y sitúan la valoración del banco entre +1.300 millones de euros y -8.200 millones.

Entre los demás documentos publicados este viernes figura el informe que redactó el propio Junta Única de Resolución el 5 de junio, es decir la víspera de que se activara el procedimiento.

El informe afirma que según la información disponible en esa fecha no podía deducirse "que el banco sea insolvente", es decir incapaz de reembolsar sus deudas a largo plazo, si bien estaba sometido a "condiciones de estrés".

El organismo justifica el diagnóstico que hizo entonces de que el Popular estaba "al borde de la quiebra" en la voluminosa fuga de capitales.

"La liquidez del grupo es el factor clave que provoca la quiebra del banco", sentencia el informe.

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AFP