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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, toma la palabra durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 23 de febrero de 2015

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La aprobación en Puerto Rico de un mecanismo para decretar una moratoria de su enorme deuda pública de 70.000 millones de dólares, otorga una herramienta de presión al gobierno de la isla para negociar con sus acreedores y apresurar la ayuda de Washington.

El gobernador Alejandro García Padilla, quien impulsó la medida en el legislativo, promulgó este mismo miércoles la ley, para que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) y su equipo económico puedan comenzar negociaciones concretas con los acreedores de la deuda.

La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, aprobada la madrugada del miércoles por la mayoría oficialista en el legislativo, brinda poderes al gobernador para detener los pagos de la deuda y para garantizar que se sigan prestando los servicios esenciales como salud y seguridad a los 3,5 millones de habitantes de la isla.

"Podríamos interpretar que es un elemento de presión para todos", admitió el propio ministro de Justicia, César Miranda, al señalar que en parte la ley es una respuesta al Congreso estadounidense que "lleva mucho tiempo dándole vueltas" a las alternativas para ayudar al Estado libre asociado a Estados Unidos.

Puerto Rico presiona al Congreso de Estados Unidos para que le autorice a reestructurar su enorme deuda, que San Juan ya ha dicho que considera impagable. La Casa Blanca ha respaldado los esfuerzos de San Juan.

Una comisión del Congreso norteamericano estudia una iniciativa para ayudar a Puerto Rico, en consultas con el departamento del Tesoro. Pero hasta ahora, la propuesta incluye una junta federal que es resistida por Puerto Rico que lo ve como un vestigio de la época colonial.

- Sin liquidez -

El BGF debe pagar 422 millones de dólares el 1 de mayo y más de 700 millones en junio, sumas que de momento parece que quedarán en suspenso, aunque el gobierno no ha dicho todavía si incurrirá en default. Ya a principios de año incumplió con algunos pagos.

De los 70.000 millones de dólares de deuda, el BGF posee 49.000 millones de dólares.

"Esta ley procura evitar que el banco quiebre", dijo este miércoles García Padilla a la radio NotioUno, en referencia al BGF, que cuenta actualmente con una liquidez de tan solo 700 millones de dólares. "Esta ley no es para proteger al banco; es para proteger los ingresos de los puertorriqueños que están en el banco", aseguró.

Entre los acreedores parece que empieza a asomar la realidad de la falta de liquidez en Puerto Rico, declaró a la AFP el economista Joaquín Villamil.

"Ya empiezan a haber señales, ya aquí hay fondos buitres dando vueltas, por lo que si se lograra un acuerdo con el BGF por la presión que impondrá la ley, es bueno", dijo Villamil.

Para este experto resulta incomprensible que el gobierno puertorriqueño no actuara de este modo hace tiempo, porque García Padilla ya se encontró con un escenario de espanto cuando llegó al poder en enero de 2013.

Puerto Rico se mantiene hundido en la recesión desde hace una década, lo que ha provocado un verdadero éxodo de sus habitantes a Estados Unidos continental agudizando aún más los problemas económicos de la isla.

El ministro de Justicia Miranda aseguró que la isla se encuentra preparada para hacer frente a las previsibles demandas de los acreedores, luego de una primera presentada el lunes ante un tribunal federal en Puerto Rico con el objetivo de que el banco central sea intervenido, ante el temor de que caiga en la insolvencia.

La crisis en Puerto Rico comenzó cuando en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas instaladas en la isla, lo que provocó una caída de la actividad económica, ante lo cual sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit.

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AFP