Seguidores de Morales manifiestan en Bolivia, donde la Iglesia católica encabeza un diálogo
Manifestantes afines al expresidente Evo Morales bloquearon rutas y chocaron con la policía antimotines este lunes para exigir la salida de la mandataria interina Jeanine Áñez, en momentos en que la Iglesia católica encabeza un diálogo para convocar elecciones y pacificar Bolivia.
En medio de una creciente oleada de protestas contra el gobierno interino, el rector de universidad estatal de La Paz, Waldo Albarracín, líder de Conade, un colectivo contrario a Morales, llamó para el martes a una marcha en defensa de Áñez y de la “pacificación nacional”.
Esa manifestación busca hacer contrapeso a las incesantes protestas de sectores populares contra la presidenta interina. “Ya no tenemos democracia”, clamó Carmen, desde una columna de campesinos cocaleros en Sacaba (centro) impedida de llegar a la ciudad de Cochabamba, a unos 18 km de distancia, para manifestarse contra Áñez, quien tomó el mando tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre luego de casi 14 años de gobierno.
“Hemos visto que esta presidenta en horas ha mandado directamente balas al pueblo de Bolivia para acallarnos”, se lamentó, en alusión a los nueve muertos registrados cuando campesinos cocaleros intentaron el viernes rebasar un cerco militar-policial en esa ciudad.
La manifestación de este lunes fue repelida con gases lacrimógenos a la entrada de Cochabamba.
En La Paz, miles de campesinos manifestaron también en el centro de la ciudad, que intentaba lentamente retomar la normalidad. Mientras la plaza Murillo, donde están las oficinas presidenciales, sigue resguardada por las fuerzas policiales.
“Queremos la renuncia de Áñez, están matando a nuestros hermanos”, protesta Benjamín Yanco, que vino desde la vecina El Alto, para pedir la dimisión de la mandataria, mientras reivindica la ‘whipala’, la bandera indígena.
En este escenario, los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, encabezan las conversaciones para “pacificar el país, y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales”.
“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos”, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, en conferencia de prensa. “Celebrar elecciones transparentes (…) es el mejor camino para superar las diferencias”, agregó.
Los obispos propiciaron acercamientos desde la semana pasada entre el gobierno interino de Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. El fin principal es calmar las aguas y llamar a nuevas elecciones.
Sin embargo, el fallecimiento de un agente policial luego de varios días de agonía, tras haber sido golpeado por una turba en la toma de un recinto policial la semana pasada en El Alto, volvió a conmover a la población. Con este deceso se elevó a 24 el número de muertos en casi un mes de confrontaciones.
– Tensión política –
En un inesperado llamado, el líder civil de derechas Luis Fernando Camacho, que propició la caída de Morales del poder, planteó en un video colgado en las redes que las elecciones para elegir un nuevo gobierno sean el próximo 19 de enero, dando un plazo “hasta este jueves” para la elección de las autoridades electorales.
El gobierno de Áñez debe ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar la votación. Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre.
Pero si fracasaran las negociaciones con la oposición el gobierno estudia la posibilidad de convocar “de manera inmediata” a elecciones “a través de algún otro instrumento legal”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
Ese mecanismo sería “una ley (para) una convocatoria inmediata al proceso electoral”, como propuso el excandidato presidencial Carlos Mesa, “cumpliendo rigurosamente el artículo 169 de la Constitución”, que establece un plazo máximo de 90 días.
Este tipo de convocatoria ya se usó en 2005 cuando el mismo Mesa renunció a la presidencia -que también ocupaba interinamente tras renuncia del titular Gonzalo Sánchez de Lozada- luego de un consenso político.
El ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó más tensión a la situación general este lunes al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país.
“Está en peligro su vida”. “Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló.
“En lugar de pacificación”, las nuevas autoridades “ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”, escribió en tanto Morales en Twitter desde México.
De su lado, Amnistía Internacional pidió derogar un decreto del gobierno interino que exime de responsabilidad al personal militar que participa en el restablecimiento del orden interno y que había sido denunciado por Morales y la CIDH. El gobierno destinó también un presupuesto adicional de 4,8 millones de dólares para tales fines.
