Dos años despues del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el movimiento independentista catalán abogó este martes por la "desobediencia civil" como "respuesta masiva" a una hipotética condena de sus líderes juzgados por ese intento de secesión.

Después de un largo juicio entre febrero y junio, el Tribunal Supremo debe publicar este mes su fallo contra los doce dirigentes catalanes, nueve de ellos en prisión preventiva, para quienes la fiscalía pide penas que van desde los siete a los 25 años de cárcel.

"Una sentencia condenatoria a los representantes políticos y sociales del país supondrá el mayor ataque a nuestros derechos fundamentales", dijo el exdiputado separatista David Fernández, leyendo un manifiesto conjunto de partidos y asociaciones independentistas.

"Por tanto (...) hacemos un llamado al conjunto de la ciudadanía a responder de forma masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil pacífica", continuó.

Aunque oficialmente no indicaron qué acciones concretas preparan, algunos líderes presentes evocaron protestas de varios días, una huelga general o marchas de varios días con el objetivo de bloquear las carreteras de la región.

La presentación coincidió con el segundo aniversario del referéndum ilegal sobre la independencia del 1 de octubre de 2017, marcado por la dura actuación de la policía enviada por el gobierno español para impedir la votación.

Cuatro semanas después, el 27 de octubre, la mayoría separatista del Parlamento regional proclamó una efímera república en esta región nororiental, cuya autonomía quedó intervenida horas después por el gobierno español.

Los principales líderes independentistas fueron encarcelados y recientemente procesados en el Supremo o huyeron al extranjero como el expresidente Carles Puigdemont, que vive actualmente en Bélgica.

El movimiento mantiene el poder en Cataluña pero sus dirigentes dejaron aparcado el proceso de secesión aunque repiten en numerosas ocasiones el lema "lo volveremos a hacer".

La tensión aumentó en los últimos días después de la detención de militantes separatistas acusados de preparar acciones violentas y la adopción de mociones en el Parlamento regional dominado por los separatistas abogando por la "desobediencia civil".

Se prevé que las sentencias a los independentistas son severas, se generen fuertes protestas en esta región de 7,5 millones de habitantes, donde la mitad de la población no comparte el proyecto separatista.

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