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El presidente de Sudán, Omar al Bashir, ofrece una rueda de prensa en Jartum el 2 de marzo de 2017

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Sudáfrica afirmó este viernes durante una audiencia inédita ante la Corte Penal Internacional (CPI) no haber violado ninguna ley, ni ninguna norma, al negarse a detener en su territorio en 2015 al presidente sudanés Omar al Bashir, perseguido por genocidio.

"No es ni era deber de Sudáfrica detener al jefe en funciones de un Estado no miembro (de la Corte) como Bashir", declaró Dire Tladi, consejero legal para Sudáfrica, denunciando "la incoherencia y la falta de claridad" de las leyes, de las normas y de la jurisprudencia.

Bashir es objeto de dos mandatos de arresto internacionales emitidos por la CPI en 2009 y en 2010 por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur, provincia del oeste de Sudán, presa desde 2003 de una guerra civil que ha dejado 330.000 muertos, según la ONU.

Pero el presidente sudanés, que niega rotundamente estas acusaciones, está aún en el poder y continúa viajando con frecuencia por África sin preocupación.

A mediados de junio de 2015, Pretoria dejó así a Beshir volver a su país después de su participación en una cumbre de la Unión Africana (UA) en Johannesburgo.

Sudáfrica "tenía la posibilidad de detenerlo (...) y escogió no hacerlo", permitiendo a su avión despegar de una base militar, afirmó este viernes Julian Nicholls, representante de la acusación.

Los jueces deberán decidir si este país signatario del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, "eludió sus obligaciones", señaló el juez Cuno Tarfusser.

Aludiendo a su "papel de pacificador en el continente", el Gobierno sudafricano asegura haberse encontrado dividido entre el respeto a las normas del CPI deteniendo a Omar al Bashir y el de su propia legislación que garantiza la inmunidad presidencial.

Y "nada" en la resolución de Naciones Unidas priva al jefe del Estado sudanés de su inmunidad, aseguró Tladi.

Los jueces, cuya decisión será anunciada más adelante, podrían decidir enviar a Sudáfrica ante la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma y el Consejo de Seguridad de la ONU para posibles sanciones.

AFP

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