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Trabajadores tunecinos gritan eslógans contra el gobierno, en la capital de Túnez, el 14 de enero de 2018

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Túnez celebró este domingo en un clima de tensión social el séptimo aniversario de su revolución, punto de partida de la Primavera Árabe, golpeado por medidas de austeridad y por los persistentes problemas de pobreza, desempleo y corrupción que desencadenaron la caída de la dictadura.

Además no logra superar la caída del turismo provocada por los sangrientos atentados yihadistas en 2015. La revolución tunecina comenzó el 17 de diciembre de 2010 en Sidi Buzid, una ciudad del interior, cuando un vendedor ambulante se prendió fuego.

Así empezó un movimiento de protesta contra el desempleo y recortes generalizados, que terminaron en disturbios en todo el país hasta provocar la caída del dictador Zine al Abidine Ben Ali, el 14 de enero de 2011.

Este domingo, cientos de personas se manifestaron en la avenida Burguiba en el centro de Túnez, lugar emblemático del inicio de la rebelión árabe. Con pancartas atendieron la convocatoria de partidos políticos y sindicatos para recordar la caída del dictador que estuvo 23 años en el poder.

Los miembros del colectivo ciudadano "Manich Msamá" ("No perdonaré") desfilaron blandiendo las imágenes de los "mártires" de la revolución.

Por su lado, los jóvenes se manifestaron por la falta de empleos, mientras que los miembros del partido islamista Ennahdá arengaban en una tarima dispuesta en esta zona que estuvo bajo estrechas medidas de seguridad.

El ambiente se encuentra dominado por un descontento social que se ha vuelto persistente en este país de poco más de 11 millones de personas.

Siete años después de la caída de Ben Ali, que vive en el exilio en Arabia Saudita, muchos tunecinos creen que han ganado mayor libertad pero han perdido nivel de vida.

- 'Libres, pero hambrientos' -

A pesar del relativo éxito de su transición democrática, Túnez no logra liberarse del estancamiento económico y social. La semana pasada se produjeron manifestaciones pacíficas y también disturbios nocturnos que sacudieron varias ciudades.

El malestar general frente a una tasa de desempleo estimada en 15% según datos oficiales, se exacerbó con el anuncio de un aumento de impuestos previsto en el presupuesto de 2018. Todos son datos que atentan contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora que lidia con una inflación que cerró en más de 6% a finales de 2017.

"Hace siete años que esperamos sin que nada cambie. Obtuvimos la libertad, es verdad, pero estamos más hambrientos que antes", lamentó Walid, un desempleado de 38 años en Teburba, la ciudad en la que empezó la reciente ola de protestas.

Las protestas también reclaman una lucha más eficaz contra la corrupción y una reciente ley económica.

Esa ley "destruye el poder de compra de la mayoría de los tunecinos y sirve a los intereses de corruptos y saqueadores", dijo a la AFP Hama Hamami, portavoz del Frente Popular.

Esta coalición de partidos de izquierda fue acusada por el jefe de gobierno Yusef Shahed de aupar las protestas y disturbios de los últimos días, en los cuales detuvieron a más de 800 personas, según el ministro del Interior.

El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, visitó este domingo un barrio pobre en las afueras de la capital donde hubo disturbios, y prometió frente a los jóvenes que protagonizaron "la revolución de la libertad y de la dignidad" que se ocuparía de la situación social que viven.

Para la politóloga tunecina Olfa Lamlum, "estas movilizaciones sociales revelan la ira, impulsada por los mismos que se movilizaron en 2011 y no obtuvieron nada como derechos económicos y sociales".

En medio de la dificultades, Túnez obtuvo un préstamo de 2.400 millones de euros en cuatro años del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de reducir su déficit público y aplicar reformas económicas.

- Medidas sociales -

Los atentados de 2015, reivindicados por el grupo Estado Islámico (EI) dejaron decenas de muertos, entre ellos unos 50 turistas extranjeros.

Ante la magnitud de las recientes protestas, el gobierno anunció el sábado una serie de medidas sociales que incluye un aumento de al menos 20% en la prestación social para las familias pobres, que pasará de 150 dinares (50 euros) a 180 y 210 dinares (60 y 70 euros) en función del número de niños.

El proyecto prevé también que el Estado pueda actuar como garante para que 500.000 familias con ingresos inestables logren obtener un préstamo para vivienda.

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