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El ministro de Economía de Brasil, Henrique Meireilles (I) y el presidente Michel Temer en la ceremonia de firma de un decreto que grava precios diferenciales para el pago en efectivo y con tarjeta de crédito en el Palacio del Planalto en Brasilia, el 26 de junio de 2017.

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El fiscal general denunció este lunes al presidente Michel Temer por corrupción pasiva, convirtiéndolo en el primer mandatario en ejercicio de la historia de Brasil en ser inculpado formalmente y complicando aún más su delicada situación política.

Rodrigo Janot consideró que Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva cuando "recibió para sí y por intermedio" de su cercano exasesor Rodrigo Rocha Loures, ahora detenido, una "ventaja indebida" de 500.000 reales (unos 150.000 dólares), indica el pedido de acusación difundido por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El hecho ocurrió entre marzo y abril y el dinero procedía del empresario Joesley Batista, del gigante de la alimentación JBS.

Janot tiene plazo hasta última hora del martes para presentar eventualmente más denuncias dentro de las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia. Las pesquisas arrancaron hace casi un mes y medio, con la delación premiada de ejecutivos de JBS.

El fiscal pide que Temer sea condenado a pagar "una indemnización moral de 10 millones de reales" (3 millones de dólares).

Y solicita la apertura de otra investigación contra el mandatario y contra Loures Rocha, por sospechas de participación en un esquema para favorecer a una empresa en el sector de puertos.

La denuncia de la fiscalía abre un proceso ante la Corte Suprema que podría llegar a apartar a Temer del cargo. Pero antes debe ser validada por dos tercios de la Cámara de Diputados (341 legisladores, de un total de 513).

El mandatario conservador (PMDB), con una popularidad de apenas 7%, tiene a priori una mayoría que podría salvarlo. Cerca de la mitad de los legisladores están de hecho involucrados en casos de corrupción "y eso crea una red de solidaridad", dijo a la AFP Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco.

Sin embargo, esto complica más las cosas para el debilitado Temer poco más de un año después de asumir el poder tras la destitución por el Congreso de Dilma Rousseff (PT, izquierda), de quien era vicepresidente.

El jefe de Estado se encuentra en el ojo del huracán desde que el pasado 17 de mayo salió a la luz una grabación hecha secretamente por Joesley Batista, en la que Temer parece avalar el pago de un soborno al exdiputado Eduardo Cunha, el encarcelado arquitecto del 'impeachment' a Rousseff.

En un informe entregado poco antes al STF, la Policía Federal señala a Temer como sospechoso de obstrucción a la justicia en el marco de un probable esquema de organización criminal.

- "Nada nos destruirá" -

La Presidencia de la República dijo a corresponsales extranjeros que Temer no se pronunciaría en lo inmediato sobre el caso, pero horas antes fue contundente.

"Nada nos destruirá. Ni a mí, ni a mis ministros", proclamó.

Temer asegura que sus planes de austeridad están sacando a Brasil de la peor recesión de su historia, pero los datos que muestran una recuperación son tímidos y hay una sensación extendida de que el presidente quizás ya no sea más la persona para capitanear ese proceso.

El mandatario lleva semanas esforzándose en salvar la piel, mientras sus esperadas y polémicas reformas del mercado laboral y del sistema de jubilaciones siguen estancadas en el Congreso.

"El día a día del gobierno se complicó. Los gobernantes dedican un esfuerzo enorme para apagar incendios y aún necesitan asegurar la mayoría en el Congreso, no siempre conseguida, para aprobar las medidas necesarias para retomar el crecimiento", escribió el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), figura emblemática del PSDB, principal aliado del PMDB.

Cardoso dijo que Temer realizaría un acto de "grandeza" si hiciera un paso atrás y convocara elecciones anticipadas.

Si Temer cayera, la Constitución prevé que el Congreso elija a un nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

AFP