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El Tribunal Superior Electoral de Brasil, el 4 de abril de 2017 en Brasilia

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El presidente brasileño, Michel Temer, ganó tiempo este martes en el juicio que podría terminar con su presidencia por ilegalidades en la campaña 2014, luego de que la corte electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos.

Sin fecha definida para su reinicio, este proceso con potencial para arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política empezó según lo esperado: plagado de obstáculos y recursos para dilatarlo.

La eventual sentencia, que en la teoría podía efectivizarse este mismo jueves, quedó aplazada y los trabajos agendados recién permitirían reanudar el juicio en mayo, según dijeron a la AFP fuentes en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

"El tribunal aceptó los testimonios requeridos por la defensa (...) y el plazo de cinco días para los alegatos finales después de los testimonios", dijo Gilmar Mendes, presidente del TSE.

Temer responde por una denuncia de abusos económicos y políticos perpetrados por la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por maquillaje de las cuentas públicas.

El actual presidente, del conservador PMDB, sucedió a Rousseff luego de que perdiera su cargo en un impeachment promovido por el partido de su exaliado, a quien acusa de golpista.

Con el Congreso y los mercados a favor, Temer aspira a que el proceso se acerque lo más posible a las elecciones de octubre de 2018 y pierda sentido político.

"No hay previsión de fechas. Todo depende de cuándo sean escuchados los testigos", informó el tribunal.

La denuncia, paradójicamente, fue presentada por el partido PSDB (centroderecha), derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer. Avanzó en el TSE, pese a haber perdido interés para la parte acusadora, que en los alegatos recientes pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.

"Aguardo el fallo con tranquilidad", dijo Temer a la prensa tras participar en una reunión con inversores en Sao Paulo. "Siempre acataremos las decisiones del Poder Judicial", agregó el mandatario, que niega cualquier improbidad.

- Vuelta atrás -

La corte resolvió escuchar a cuatro nuevos testigos, entre ellos el exministro de Hacienda Guido Mantega y el expublicista Joao Santana, ambos ligados al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Rousseff y su predecesor Lula da Silva (2003-2011), lo que retrotrae el proceso a la fase de instrucción.

Mantega ya fue indagado en el marco del escándalo de desvíos de fondos de la estatal Petrobras y Santana fue condenado a 8 años y cuatro meses de cárcel.

"Tenemos que evitar las postergaciones. No podemos escuchar a Adán y Eva y, posiblemente a la serpiente", se quejó el juez Herman Benjamin, que tramita el caso de casi 8.000 páginas.

"Correríamos riesgos de que se consuman semanas y hasta meses (...) La elección de 2014 será la más larga de la historia", ironizó.

"Es un proceso extremadamente complejo y el juez informante pasó por alto algunas cuestiones. No se puede llevar el caso de la forma apresurada que pretendía", afirmó el especialista en derecho electoral Flavio Brito.

Para el abogado, la sentencia será conocida este año y "cualquier cosa puede pasar".

El juicio se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del impeachment que segó un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias del caso Petrobras.

Según la acusación, Rousseff y Temer financiaron su campaña con dinero desviado de la petrolera estatal, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelegidos.

- Gobierno impopular -

Una vez reiniciado el juicio, cualquiera de los magistrados del TSE puede solicitar una suspensión por tiempo indeterminado, conocida como "pedido de vista", para profundizar su análisis.

El proceso no está, sin embargo, exento de riesgos para un gobierno impopular como el de Temer, con una aprobación de apenas 10% de la población.

Medios brasileños señalan que tanto el juez Benjamin, como el Ministerio Público, órgano de la Justicia que representa al pueblo, están a favor de anular el resultado electoral.

La corte también podría declarar inelegibles por ocho años a Temer y a Rousseff.

La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que no había intervenido en el armado financiero.

Un fallo adverso, aunque pueda ser revertido por la corte suprema, sería un golpe duro para Temer.

Si el TSE anula el resultado de 2014, la Constitución determina que el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff. Pero otras interpretaciones indican que deben convocarse elecciones directas.

Sería, en ese caso, un segundo gobierno de transición para completar el mandato de Rousseff.

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