Tensión en Sudáfrica entre el Gobierno y grupos mineros
Los gigantes del sector minero sudafricano, en conflicto con el Gobierno, han aprovechado la asistencia a la gran conferencia mundial del sector en Ciudad del Cabo para denunciar la regulación y los cierres de las explotaciones.
“Somos un país abierto al negocio”, dijo el ministro de Minas sudafricano, Mosenbenzi Zwane, durante la apertura del salón, un mensaje que parece haber caído en saco roto.
“Las perspectivas de inversiones son realmente negativas”, responde Neal Froneman, director general del grupo Sibanye.
La situación de su empresa sintetiza el problema de diálogo entre el sector y las autoridades.
Su compañía presentó una demanda contra el Gobierno pidiendo 26 millones de rands (1,9 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por el cierre de una de sus minas de platino después de un incidente mortal en septiembre.
No es el único en acudir a los tribunales.
El año pasado, un tribunal dio la razón a la compañía AngloGold Ashanti frente a las autoridades, que suspendieron la actividad en toda una mina tras una serie de problemas en una parte de ella.
“Cuando se cierra una mina entera a causa de un problema localizado, los daños económicos son considerables”, lamenta Roger Baxter, responsable de la Cámara de Minas sudafricana.
El ministro Zwane se mantiene firme. El Gobierno no va a transigir -advierte- con los temas de seguridad por mucho que les pese a las compañías mineras ni por las “amenazas” judiciales.
Un total de 73 mineros murieron en Sudáfrica en 2016, cuatro menos que el año anterior.
– Regulación opaca –
En la conferencia mundial Mining Indaba, su viceministro Godfrey Oliphant fue más diplomático.
“Debemos ser justos y sensatos. Si alguien estima que la actividad se detuvo de forma no razonable, tiene el derecho de comunicárselo al Ministerio o de recurrir a la justicia”, explicó a la AFP.
El director general de Sibanye afirma haber agotado todos estos recursos antes de acudir a los tribunales.
Las compañías mineras lamentan también la lentitud de la votación de las enmiendas promovidas por ellas para delimitar mejor la legislación minera. Llevan cuatro años en el Parlamento.
“La industria necesita certezas sobre el reglamento. Cuatro años de espera es demasiado tiempo, no podemos esperar más”, protesta Baxter, de la Cámara de Minas.
La próxima promulgación de una nueva normativa que obliga al sector a una mayor diversidad racial, favoreciendo a los accionistas negros, tampoco es del agrado de los industriales, que lamentan que no se les haya consultado lo suficiente. Interpusieron una demanda pidiendo su invalidación.
En este contexto, Sudáfrica se expone a quedarse rezagada en un momento en el que el sector parece recuperarse gracias al aumento de los precios.
“Hay que salir de esta obsesión por la reglamentación para poder crear un entorno más favorable”, aboga Peter Leon, experto en minas.
El sector minero representa un 8% del PIB sudafricano y proporciona más de 400.000 empleos directos, un maná enorme en un país en el que el 27% de la población activa está desempleada.
