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Personal de seguridad de PEMEX y militares mexicanos patrullan un área de robo de combustible en Tepeaca, en el estado mexicano de Puebla, el 26 de mayo de 2017

(afp_tickers)

Un grupo de campesinos del centro de México observa inmóvil el paso de un convoy militar por sus campos de lechugas, coles y cebollas, mientras los uniformados les miran preguntándose quiénes de ellos son en realidad espías de las poderosas pandillas de ladrones de combustibles.

La dimensión del problema puede apreciarse en cifras: el número de tomas clandestinas pasó de 186 en 2012 a 2.683 hasta el 31 de marzo de 2017. El año pasado la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió 6.837 tomas, según cifras oficiales.

Este tipo de robo le ha costado unos 2.410 millones de dólares, explicó a la AFP Carlos Murrieta, director de Transformación Industrial de Pemex.

Los hurtos adquirieron otra dimensión tras la liberalización de las gasolinas a principios de año cuando la más barata se situó en unos 0,87 centavos de dólar, mientras que en el mercado negro se compra por la mitad de un dólar.

En el camino de terracería, la tensión entre militares y campesinos continua.

"Es muy difícil detectar quién se dedica a esa actividad", cuenta a la AFP un militar bajo anonimato por su seguridad.

Los que roban son los llamados "huachicoleros" y forman una cultura con su propio "niño Dios" --bidón y manguera en mano-- y música al estilo de los narcocorridos.

Los vehículos artillados avanzan por abundantes cultivos por donde el olor a gasolina se vuelve insoportable a veces, hasta que se internan en un paupérrimo barrio con la mayoría de calles sin pavimentar y las casas pintadas de amarillo y anaranjado.

"Creemos que uno (de los ladrones) vive en esa (vivienda) y en la de allá otro", dice un funcionario de Pemex de la subdirección de Salvaguarda Estratégica, que acompaña el recorrido.

Se trata de la colonia San José Carpinteros del municipio de Tepeaca, en el estado de Puebla. Por aquí pasa el poliducto que transporta diésel y gasolinas desde Minatitlán (Veracruz, este) hasta Ciudad de México y aquí es dónde más roban los "huachicoleros".

"A la hora de detectar que hay un robo de combustible paramos las bombas, pero se queda cargado el ducto", cuenta Murriera. "Y aunque no estemos bombeando, tiene suficiente presión por los cambios de pendientes" orográficas, lo que no sucedería si el ducto estuviera en una superficie plana.

Tepeaca y otros cinco municipios conforman el "Triángulo Rojo", controlados a punta de armas por dos peligros delincuentes: "El Toñín" y "El Bukanas", ambos relacionados también con el tráfico de drogas.

Cerca está Palmar de Bravo, otro punto caliente donde cuatro militares y seis civiles murieron en una confrontación en mayo.

- La cultura del delito -

El peligro detiene a pocos, porque robar combustible es muy lucrativo.

Los "picadores" ganan 10.000 dólares por perforar el grueso poliducto en menos de 20 minutos y hasta 8.000 dólares por sostener la manguera mientras se llenan los contenedores de una camioneta que puede cargar hasta 4.000 litros.

Los niños llegan a cobrar hasta 500 dólares al mes por dar la voz de alarma cuando se acerca la policía o el Ejército.

Los "huachicoleros" instalan puntos de venta en cualquier sitio. Venden al menudeo y al por mayor, a veces a plena luz del día cerca de carreteras. Pemex cerró el 18 de abril siete gasolineras por vender combustible robado.

Hace unas semanas se captó a pobladores recolectar gasolina casi con las manos y frente a autoridades, después de que una toma se saliera de control y provocara un chorro de 15 metros de altura.

El último episodio catastrófico ocurrió el 13 de mayo, cuando una camioneta pasó encima de una toma clandestina y cuatro personas murieron calcinadas.

- "No es una nuestra labor" -

En Tepeaca hay un campamento militar que funciona como centro de control equipado con drones, helicóptero, avioneta y sistemas computarizados que vigilan la presión de los ductos durante la transportación.

Si hay un contratiempo, se emite una alerta sonora y se despliega una antena de 25 metros con sensor, detector de calor y visión nocturna con un alcance de seis metros hacia cada lado.

Uno de los militares considera que gran parte del problema son las policías estatales y municipales, que no han hecho trabajo preventivo. La AFP buscó sin éxito a dichas autoridades.

"El robo de combustible no debe tratarse como cualquier otro robo. Nos gustaría que fuera considerado como más grave. Involucra mucho a la sociedad, destruye el tejido social, es un delito muy grave", afirma Murrieta tras lamentar que la pena máxima que se ha alcanzado para un "huachicolero" es de 8 años de prisión.

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AFP