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Trabajadores uruguayos despliegan una bandera previo a una marcha con motivo de la paralización de actividades convocada por la central sindical PIT-CNT, el 21 de junio de 2017 en Montevideo

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Uruguay vivió este miércoles un paro general signado por una masiva movilización de trabajadores, enfrentados duramente con el gobierno cuando se debate la ley nacional de presupuesto.

Aunque en la mayoría de los sectores que adhirieron a la convocatoria la paralización fue de media jornada, los sindicatos de funcionarios estatales y de maestros y profesores extendieron la huelga 24 horas.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de trabajadores se concentraron en zonas cercanas a la sede de la Presidencia, donde tuvo lugar un acto de protesta en el que las críticas apuntaron principalmente a la decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso el presupuesto sin terminar de negociar con los sindicatos, que demandan mejoras en las condiciones salariales.

Hay una "diferencia rotunda con el Poder Ejecutivo: discrepamos con la forma en que el Poder Ejecutivo ha tratado la cuestión de la rendición de cuentas (ley de presupuesto)", manifestó Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical PIT-CNT.

"Mientras recién empezaban los primeros diálogos (...), avasallando como si fuera una aplanadora estos ámbitos de negociación" colectiva, "en el día de ayer (martes) el Poder Ejecutivo le pasa por arriba (a los trabajadores) enviando la rendición (de cuentas) al Parlamento. Está mal, gente. Lo que está mal, está mal", añadió ante el aplauso de los presentes que colmaron las cercanías del edificio presidencial.

El gobierno de Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda), presentó el martes al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de un año de duración, ocho días antes del vencimiento del plazo legal para hacerlo.

"Hoy estamos continuando negociaciones. La negociación va a continuar en el Parlamento", se defendió el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

El ministro de Economía, Danilo Astori, había adelantado que el gobierno establecería un aumento de 172 millones de dólares del gasto público respecto al anterior presupuesto y que, de ese total, 62 millones serían destinados a educación.

Los trabajadores piden el equivalente al 6% del PIB en gasto educativo.

El gobierno de su lado, pugna por contener un abultado déficit fiscal que roza el 4% del PIB, en un contexto de mejora del crecimiento de la economía previsto para este año pero con desempleo en constante alza.

El Producto Interno Bruto de Uruguay (PIB) creció 4,3% en el primer trimestre del año en relación a igual período de 2016, en buena medida impulsado por una excelente temporada turística.

Sin embargo, los datos de desempleo a marzo dispararon las alarmas. El 9% que marcó la tasa de desocupación no solo es el guarismo más alto de la serie de 13 meses presentado por el oficial Instituto Nacional de Estadística (INE), sino que se trata de la cifra más alta en casi 10 años.

A mediados de junio, el diario El Observador informó de la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, en un país donde la población roza los 3,4 millones de habitantes. El mismo diario había consignado días antes de fuentes empresariales, que el número de empresas en concurso a acreedores se duplicó en los primeros cuatro meses de 2017 sobre igual período de 2016.

Las quejas de empresarios, en particular industriales, por la situación de baja competitividad que atraviesa el país, con un dólar en constante baja y costos de producción en aumento, se multiplican.

Varias industrias importantes han cerrado en los últimos dos años y el gobierno apuesta a la instalación de una nueva planta de celulosa de la finlandesa UPM para compensar la situación, aunque el proyecto no está aún definido.

Para enfrentar el déficit en las cuentas públicas, el Ejecutivo aplicó un fuerte aumento de tarifas de servicios públicos de 8% en promedio en enero y un incremento de los impuestos a salarios y jubilaciones que recortó ingresos, en el marco de un ajuste fiscal que busca aumentar la recaudación del Estado.

La agencia calificadora Fitch Ratings señaló la semana pasada que a pesar de la mejora en las perspectivas de crecimiento, "las posibilidades de que el gobierno alcance sus objetivos fiscales luce menos probable". El déficit, señaló la agencia, "refleja presiones sobre el gasto más que los efectos cíclicos de un crecimiento reducido".

El viernes, la mesa representativa de la central sindical PIT-CNT se reunirá para evaluar un nuevo paro general nacional de 24 horas antes de fin de mes.

AFP