La justicia de España está investigando por una serie de delitos a un empresario español que durante años espió a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada de Ecuador en Londres, según un documento judicial difundido este miércoles.

En un auto fechado el 7 de agosto y difundido tras levantarse el secreto de sumario, la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella de los abogados del informático australiano, presuntamente espiado en beneficio de Estados Unidos pese a gozar entonces del estatus de asilado.

El principal sospechoso es David Morales Guillén, gerente de la empresa española de seguridad Undercover Global, que según fuentes judiciales fue detenido el 17 de septiembre y luego puesto en libertad.

La justicia lo investiga a él y a su sociedad por delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como por cohecho y blanqueo, según el auto.

El empresario está además obligado a presentarse en un juzgado cada 15 días, se le ha retirado el pasaporte y no puede salir de España.

El auto judicial describe el prolijo sistema de espionaje montado por la empresa española, que entre 2015 y mediados de 2018 tuvo el contrato del gobierno de Quito para garantizar la seguridad de la embajada en Londres.

Según el documento, que cita la denuncia presentada por los abogados de Assange, David Morales ordenó instalar cámaras capaces de grabar audios, y llenó la embajada de micrófonos en lugares como la base de un extintor o el baño de señoras, donde Assange "mantenía muchas de sus reuniones para garantizar la confidencialidad".

De esta forma "se habrían captado reuniones que Assange mantenía con sus abogados, así como otras visitas médicas y de diversa índole", según el auto.

La información recabada se volcaba luego en servidores informáticos, accesibles tanto para el servicio de inteligencia ecuatoriano, Senain, como desde Estados Unidos, en virtud de un sistema de doble acceso.

El auto añade que, como parte de este operativo, Morales realizaba "frecuentes viajes a Estados Unidos" para entregar información "en forma personal".

Asimismo "habría estado presuntamente pagando cada mes 20.000 euros en metálico a la responsable de seguridad de la embajada", Gabriela Páliz Jerez, "para evitar que hiciera reportes negativos sobre UC Global que conllevaran una rescisión del contrato".

En 2012, el australiano de 48 años, contra quien Suecia había abierto diligencias por presunta violación, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia o a Estados Unidos, por el filtrado masivo de documentos diplomáticos secretos en su portal WikiLeaks.

El entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, le concedió el asilo, pero su suerte cambió con la llegada a la presidencia de Lenín Moreno en mayo de 2017.

Finalmente, Assange fue expulsado por la policía británica en abril con la autorización del gobierno de Ecuador, que previamente le había retirado el asilo.

El informático está ahora en una prisión en Londres, donde aguarda en febrero una vista sobre su posible extradición a Estados Unidos, país que presentó 18 cargos en su contra, principalmente por espionaje.

Si es condenado por todos ellos, se expone a una pena de hasta 175 años de cárcel.

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