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El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, habla con los periodistas al salir del ministerio, tras anunciar un aumento en los impuestos al combustible para mantener el déficit fiscal este año, en Brasilia, Brasil, el 20 de julio de 2017.

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Un juez brasileño suspendió el martes el aumento de los impuestos sobre los combustibles decretado la semana pasada por el gobierno del presidente conservador Michel Temer para reducir el enorme déficit fiscal del gigante latinoamericano.

El gobierno anunció de inmediato que presentaría un recurso para desbloquear el cobro de ese tributo, que le permitiría recaudar este año 10.400 millones de reales (unos 3.300 millones de dólares al cambio actual).

El juez federal Renato Borelli, de Brasilia, argumentó que el reajuste fue inconstitucional debido a que se realizó por decreto y no mediante un proyecto de ley.

"El contribuyente no puede ser sorprendido por un cobro no instituido", explicó el magistrado.

"Es evidente que el Estado necesita ingresos para desarrollar sus actividades relacionadas con el bien de la colectividad", pero "debe respetar (...) los preceptos relacionados con los derechos fundamentales inscritos en la Constitución", agregó.

El juez señala además que, incluso si los nuevos tributos fuesen aprobados por ley, estos solo podrían entrar en vigor 90 días después.

La Abogacía General de la Unión (AGU), que defiende los intereses del gobierno, indicó que a fines de la tarde aún no había recibido la orden del juez, pero que apenas le fuera notificada, presentaría un recurso.

En espera de una eventual medida cautelar, el decreto de aumento de los tributos "pierde efecto", por lo cual la recaudación estará suspendida, dijo por teléfono la asesoría de prensa de la AGU a la AFP.

El gobierno brasileño se ve confrontado a una recaudación menor a la prevista, a causa de retrasos en los programas de concesiones de obras o de las cuantías inferiores a las esperadas en los programas de repatriación de activos mediante acuerdos con la administración fiscal.

Sus proyectos de ajuste se ven además contrariados por los retrasos en la reforma de las jubilaciones, debido a la crisis política desatada por las denuncias de corrupción contra Temer.

Para compensar en parte el lucro cesante, el gobierno congeló 5.900 millones de reales de gastos, aumentando los riesgos de parálisis en diversas áreas de un país que lucha por salir de la peor recesión de su historia, y aplica desde el viernes un gravamen sobre la gasolina, el diésel y el etanol.

Su expectativa es impedir que el déficit del sector público consolidado de este año supere los 143.100 millones de reales (45.000 millones de dólares), o 2,1% del PIB. La mayor parte de ese rojo (139.000 millones) pertenece al gobierno central.

El nuevo tributo podría provocar un aumento de 11% a 16,6% en el precio de los combustibles e incrementar de 0,45 a 0,63 puntos porcentuales el índice inflacionario, según diferentes evaluaciones.

El aumento de tributos irritó a los industriales, aliados del impopular Temer, quien aseguró sin embargo que "la población va a comprender" esa medida.

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AFP