Una comisión de investigación sobre el ‘Dieselgate’ acusa a la UE de mala gestión
La comisión de la Eurocámara sobre el escándalo del ‘Dieselgate’ cerró este martes alrededor de un año de investigación, señalando la mala gestión tanto del ejecutivo comunitario como de los países de la Unión Europea (UE) y abogando por la creación de una agencia de supervisión.
“El ‘Dieselgate’ podría haberse evitado si los Estados miembros y la Comisión Europea hubieran cumplido con la legislación europea”, subrayó en una rueda de prensa el eurodiputado Gerben-Jan Gerbrandy, uno de los ponentes de las conclusiones.
La comisión de investigación, creada en diciembre de 2015, votó por amplia mayoría tanto el informe como las recomendaciones, entre ellas la creación de una agencia europea de vigilancia de vehículos y sobre las que deberá pronunciarse el Parlamento Europeo en sesión plenaria en abril.
En septiembre de 2015, Estados Unidos acusó a Volkswagen de utilizar en sus vehículos un dispositivo manipulado para presentarlos como menos contaminantes durante los controles.
Desde entonces, el constructor alemán ha aceptado abonar unos 23.000 millones de dólares para compensar a sus clientes estadounidenses.
La UE parece, por su parte, indefensa contra el gigante alemán, pese a contar con más de ocho millones de vehículos con motores trucados en sus calles, a los que podrían sumarse los de otras marcas también acusadas de sobrepasar los límites de emisión de gases contaminantes, como Fiat y Renault.
Para evitar futuros escándalos similares, la comisión parlamentaria recomienda además la realización de pruebas de laboratorio junto a pruebas en condiciones reales de conducción, máxime cuando el centro de investigación de la Comisión había detectado desde 2013 diferencias en los tests sobre las emisiones realizados en laboratorio -básicos para las homologaciones- y en la carretera.
“Este es un informe que no pueden ignorar ni la Comisión [Europea] ni el Consejo”, insistió la presidenta de la comisión de investigación, la eurodiputada Kathleen van Brempt.
Ante la imposibilidad de responsabilizar directamente a los constructores, el ejecutivo comunitario decidió en diciembre presionar a los países miembros.
Bruselas acusó en concreto a Alemania, España, Reino Unido y Luxemburgo de no haber aplicado las sanciones previstas en sus legislaciones contra Volkswagen, mientras que señala a República Checa, Lituania y Grecia por no contemplar en sus normas sanciones por este tipo de irregularidades.
