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Jóvenes turcos ondeando banderas de su país junto a una estatua del fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Ataturk, el 16 de julio de 2016, al día siguiente del intento de golpe de Estado

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El fallido golpe de Estado del 15 de julio en Turquía dio paso a una purga masiva del ejército y de las instituciones y abrió la vía a una reorientación diplomática de este país miembro de la OTAN.

El presidente del país, el islamo-conservador Recep Tayyip Erdogan, salió airoso de la prueba y, con casi todas las llaves del poder en sus manos, parece decidido a lanzar uno de los procesos de cambio más importantes desde la fundación de la república en 1923.

Queda por ver cuáles serán las consecuencias del seísmo político en este país de 79 millones de habitantes, fronterizo con Grecia, Siria, Irak e Irán.

La vida parece haber vuelto a su cauce en Estambul y Ankara, donde sus habitantes padecieron bombardeos de aviones de combate y de tanques la noche del golpe.

Sin embargo, las enormes banderas nacionales izadas en los edificios públicos, los omnipresentes paneles que celebran el fracaso de la intentona y los retratos de los "mártires" fallecidos recuerdan que hay un antes y un después de las 19H00 GMT del 15 de julio, cuando se inició el golpe.

Las autoridades acusan a un predicador musulmán exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, de estar detrás del intento de derrocar a Erdogan, su antes aliado.

Desde entonces, casi la mitad de los generales fueron detenidos y destituidos.

- El ejército bajo el control de Erdogan -

Aún más importante, Erdogan, que decretó el estado de emergencia, puso bajo su mando y el del Gobierno a las fuerzas armadas, que en la segunda mitad del siglo XX lanzaron con éxito tres golpes de Estado.

El Gobierno lleva a cabo un proceso "revolucionario" de refuerzo del poder civil, "con el objetivo de reducir aún más el papel de los militares", escriben Metin Gurcan y Megan Gisclon en un documento publicado por el Centro Político, un grupo de estudios de Estambul.

Según estos investigadores, las autoridades tienen ahora la opción de continuar las reformas de una manera democrática o de imponer sus voluntades a los militares sin llevar a cabo ningún tipo de consulta. "Turquía se enfrenta a un estratégico momento crucial", afirman.

Las magnitud de las purgas le valió a Ankara críticas de los países occidentales, que las equipararon a una caza de brujas. Más de 81.000 funcionarios fueron despedidos y unas 35.000 personas fueron detenidas.

Ankara rechazó las críticas, acusando a Occidente de no mostrar su solidaridad con Turquía. Los medios progubernamentales ven incluso la implicación de Estados Unidos en el complot.

Las relaciones entre Washington y Ankara podrían degradarse por el caso Gülen, cuya extradición Turquía reclama insistentemente.

Además, la candidatura de Turquía a la UE atraviesa su peor crisis desde hace años, a causa de la represión desencadenada por Erdogan. Austria urgió incluso a paralizar las negociaciones de adhesión.

"El golpe de Estado no fue de ninguna manera una prueba en la que fracasaron la UE o Estados Unidos (...) El test es para Turquía, que tiene que reconstruirse de la mejor manera posible", indica Marc Pierini, exembajador de la UE en Ankara e investigador de Carnegie Europe.

Para Pierini, la campaña antioccidental en Turquía "complicará" estos asuntos.

El rumbo prooccidental del país, miembro de la OTAN desde 1952, ha sido la piedra angular de su política exterior.

Aunque el viaje de Erdogan a Rusia, en su primera visita al extranjero tras el golpe frustrado, genera temores de un cambio de rumbo diplomático.

Su encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sirvió además para pasar página de una crisis provocada por la destrucción de un avión ruso en el cielo turco.

Erdogan, frío con los países occidentales, dio las gracias, en cambio, a Putin por haberle expresado su apoyo y haber reactivado la cooperación bilateral.

"Contrariamente a los dirigentes occidentales, Putin aprovecha [la situación] para restablecer las relaciones ruso-turcas", declaró Kemal Kirisci, de la Brookings Institution.

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AFP