Unos empleados de la UE llevan a la Comisión ante la defensora del pueblo por el caso Barroso
Un colectivo de empleados de varias instituciones europeas llevó a la Comisión ante la defensora del pueblo europeo, al estimar una falta de actuación en la controvertida contratación del expresidente del ejecutivo comunitario José Manuel Barroso por el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs.
“La Comisión Europea no ha adoptado una decisión formal sobre el caso Barroso”, asegura en un comunicado esta agrupación, considerando, así, insuficientes las conclusiones del comité de ética de la UE, que estimó que la contratación del político portugués era, aunque desafortunada, conforme a las reglas europeas.
Para estos trabajadores europeos, que ya pusieron en marcha una recogida de firmas en línea que obtuvo más de 152.000 apoyos, el ejecutivo comunitario debería llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE a su expresidente, a quien debería retirar sus derechos de jubilación.
Presionada por la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, y por la ola de indignación generada por este nombramiento, la Comisión Europea se vio obligada a abrir una investigación y consultar al comité de ética.
A finales de noviembre, el sucesor de Barroso, Jean-Claude Juncker, anunció nuevas reglas de conducta más estrictas de cara al futuro.
La ONG Transparencia Internacional y O’Reilly celebraron este anuncio, aunque urgieron a ir más allá para prevenir conflictos de intereses.
Barroso estuvo al frente de la Comisión entre 2004 y 2014, cuando tuvo lugar el ‘crash’ financiero mundial de 2008, al que contribuyó Goldman Sachs con la venta de complejos productos financieros, incluidas las hipotecas ‘subprime’.
Además, el banco estadounidense ayudó a Grecia a maquillar su deuda antes de la crisis.
