Ahora UBS se enfrenta a la justicia de Milán
Junto con J.P. Morgan, Deutsche Bank y Depfa, el banco suizo es acusado de haber estafado al ayuntamiento milanés al ocultarle información sobre los riesgos que asumía al comprar ciertos productos financieros en 2005.
Los bancos rechazan las acusaciones, y UBS hila un caso más a su lista de conflictos internacionales. Ayer, en Berna, la cámara baja aprobó crear una comisión dedicada a dilucidar los problemas del banco con EE UU.
Los quebraderos de cabeza del UBS en la escena internacional no terminan.
Esta semana (17.03), el banco número uno de Suiza fue acusado de estafar al Ayuntamiento de Milán junto con los bancos alemanes Deutsche Bank y Depfa, y el estadounidense J.P. Morgan.
La autoridad milanesa asegura que los cuatro gigantes financieros encubrieron riesgos relativos a los productos derivados que le vendieron cuando reestructuraba su deuda en 2005.
Según la parte acusadora, la alcaldía de Milán no recibió información completa sobre el peligro en el que incurría al adquirir un instrumento financiero conocido como swap.
Esencialmente, el gobierno de Milán fue asesorado por los bancos para intercambiar -“swappear”- un paquete de bonos por 2.400 millones de francos suizos que estaban a tasa fija, por bonos a tasa variable con vencimiento en el 2035. Una gestión que lucía atractiva porque prometía ganancias que, sobre la marcha, se han traducido en pérdidas que según la parte afectada superan ya los 400 millones de francos suizos.
Fugas de capital y personal
En el informe correspondiente a su desempeño financiero en 2009, el UBS refiere que los ingresos totales del grupo sumaron 22.601 millones de francos suizos durante 2009. Muy lejos de los ingresos de sólo 796 millones registrados en 2008.
En tanto, el gasto operativo totalizó 25.162 millones de francos en 2009, frente a los 28.555 millones de 2008. Lo anterior explica que mientras en 2009 las pérdidas totalizaron los 2.736 millones de francos citados, un año antes habían alcanzado un nivel de 21.292 millones.
El sacrificio fue alto, y así lo reconocen Oswald Grübel y Pascal Couchepin, consejero delegado y presidente del UBS, en la carta dirigida a sus accionistas:
“La plantilla de personal se redujo en 12.550 elementos durante el 2009, lo que sumado a otras medidas permitió ahorros fijos del orden de los 3.000 millones de francos suizos el año pasado”.
Señalan también que la fuga de capitales ascendió a 33.000 millones de francos suizos sólo durante el cuarto trimestre de 2009, lo que refleja aún la falta de confianza de sus clientes.
Primera vez en la historia
El enfrentamiento entre Milán y la banca internacional sienta precedente porque “es la primera a nivel mundial en la que un proceso penal se ejerce contra entidades financieras”, explicó este miércoles ante la prensa Alfredo Robeldo, el fiscal encargado del caso.
Fue el propio Robledo, de hecho, quien giró instrucciones para iniciar el procesamiento de los involucrados luego de que el juez Simone Luerti dictaminara los procedimientos que involucran a los cuatro bancos, 11 directivos bancarios y dos ex funcionarios de la administración napolitana, presuntamente en colusión con los bancos.
Hasta el momento, UBS, Deutsche Bank, Depfa y J.P. Morgan han optado por manejarse con discreción, pero pactar manifestar conjuntamente el rechazo a los cargos que le son imputados.
UBS, en particular, comunicó que ni el banco ni sus representantes incurrieron en actos fraudulentos contra el ayuntamiento milanés.
Y las entidades financieras argumentan conjuntamente que se condujeron de forma transparente, por lo que confían en que la veracidad de su posición sea demostrada en el juicio.
Por otra parte, destacan que el gobierno de Milán se asesoró con expertos legales y financieros –externos- antes de aceptar.
En el terreno práctico, UBS y sus homólogos serán sentados en el banquillo de los acusados para declarar el próximo 6 de junio en la Sección IV de lo Penal del Tribunal de Milán.
El interminable caso UBS-IRS
El conflicto con Milán inquieta al titán bancario suizo, pero se convierte en peccata minuta frente al problema que UBS mantiene aún con EEUU.
El expediente UBS-IRS-FINMA no cesa de escribir capítulos.
Este jueves (18.03), y producto de una iniciativa apoyada por el PS, los verdes y la derecha de la UDC, la cámara baja de suiza aceptó –con 123 votos a favor y 23 en contra- una moción para crear una Comisión de Investigación Parlamentaria (CEP) sobre el caso UBS.
La futura CEP tendría múltiples temas por investigar:
1) La actuación del gobierno y del banco central con respecto al rescate del UBS, en octubre del 2008, que tuvo un costo superior a los 68.500 millones de francos suizos financiados con recursos públicos.
2) El escándalo fiscal encabezado por el UBS a partir del 2008, cuando se confirmó que encubrió una red de evasión multimillonaria entre clientes acaudalados de origen extranjero.
3) Resultado de lo anterior, la CEP tendrá que evaluar las decisiones que tomó FINMA, quien instruyó al UBS a entregar información confidencial al fisco de EEUU (IRS) aunque un semestre más tarde esto fue calificado de ilegal por el Tribunal Administrativo Federal (Ver DATOS CLAVE)
La Cámara Alta opinará
Aunque izquierda y derecha suizas están unidas en la intención de crear una CEP que investigue a detalle todos los ramales ligados a la crisis institucional que enfrenta hoy el UBS, la conformación de dicho grupo de trabajo aún está en entredicho.
El Consejo de los Estados, en su calidad de cámara alta, se pronunciará sobre el tema hasta junio próximo. Y en su opinión, es mejor aguardar las conclusiones que una de sus comisiones especializadas prepara justamente con respecto a este tema y que condensará en un documento que habrá de presentarse en mayo.
Los últimos dos años han sido, por conflictos de orden nacional y controversias nacionales como la remuneración de sus directivos, los más complejos que ha vivido UBS en cuatro décadas.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
UBS es el banco más importante de la plaza financiera helvética, con alrededor del 30% de las operaciones financieras del país y presencia en más de 50 mercados.
En toda su historia, Suiza ha conocido la creación de muy pocas Comisiones de Investigación Parlamentaria (CEP).
Las más importantes hasta hoy: el caso Mirage (por la adquisición de un avión de combate de origen francés); la dimisión de la consejera Elisabeth Koop (por un escándalo de investigación de personalidades subversivas); la gestión de la caja federal de pensiones (cuyas finanzas se hallaban cerca de la quiebra).
La agonía del secreto bancario suizo vivió su cuarto capítulo y se prepara para ver expirar a la figura legal que Suiza defiende desde hace más de siete décadas.
Los pasos dados:
Primero, la aceptación del UBS -en febrero del 2009- de violar la discreción que le regía para entregar a Washington información confidencial de 250 cuentas de sospechosos de fraude fiscal de origen estadounidense.
Segundo, el anuncio de Berna de la intención de flexibilizar su secreto bancario para apegarlo a los criterios de la OCDE, que consienten el intercambio de información fiscal entre gobiernos cuando se presume evasión, y no sólo en casos de fraude.
Tercero, la negociación y firma por parte de Suiza de 12 Convenciones para Evitar la Doble Imposición (CDI´s) respetuosas de las reglas OCDE para salir de la “lista gris” de paraísos fiscales en la que fue inscrita en abril del 2009.
Cuarto, la aprobación legislativa de los primeros cinco CDI´s. Este miércoles (17.03), los acuerdos firmados con Gran Bretaña, Dinamarca, México, Francia y Estados Unidos fuero avalados en la Cámara Alta. Se aguarda la ratificación en la cámara baja y un eventual referéndum, tras lo cual, el secreto bancario habrá muerto en Suiza.
EL UBS se comprometió en agosto pasado, vía un acuerdo extrajudicial, a entregar coordenadas confidenciales de 4.450 cuentas estadounidenses sospechosas de fraude.
El Tribunal Federal Administrativo (TAF) anunció en enero del 2010 que dicha acción violaría el derecho suizo.
EEUU presiona para que se cumpla el compromiso. Y Berna busca, sin éxito, una solución salomónica que le permita cumplir con Washington sin desafiar al TAF.
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